EDITORIAL

Si finalmente la Asamblea Legislativa cede a las presiones, se habrá puesto en evidencia su subordinación a ciertos grupos corporativos
Los varios intereses –unos legítimos y otros no tanto– que hay detrás de la construcción o no de una carretera que una a Cochabamba y Beni y atraviese el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) siguen tensando, innecesariamente, la ya conflictiva vida nacional.
Muchos creyeron que con la suscripción de los acuerdos entre el Presidente del Estado y los dirigentes de los indígenas que marcharon hasta La Paz y que concitaron la adhesión mayoritaria de la población boliviana, el conflicto había sido superado y que las partes actuarían de buena fe, haciendo cumplir la denominada ley corta y buscando en forma transparente alternativas para que la carretera no atraviese el parque.
Cuán equivocados estaban. De inmediato aparecieron nuevas presiones para rechazar lo acordado. Utilizando los más inescrupulosos mecanismos del poder se ha desatado una labor de desprestigio de los dirigentes de la marcha indígena; el acoso físico a algunos de quienes participaron en ella, por parte de cocaleros y colonos (que aparentemente se encuentran entre los sectores que más quieren que la carretera atraviese el Parque con el propósito de ampliar la frontera agrícola); el aprovechamiento del concepto intangibilidad para asfixiar económicamente a los habitantes del Tipnis; el pedido de que se destierre a los dirigente de la marcha, realizado en San Ignacio de Moxos, y el Presidente ha estado avalando con su presencia y discurso esas actitudes poco leales.
Incluso la sensata voz del Ministro de Relaciones Exteriores no ha sido escuchada. Este dignatario ha señalado con sinceridad que el Gobierno no supo entender la demanda indígena. “Posiblemente los mismos indígenas no hemos tenido la capacidad de escuchar el rugir del jaguar de la selva verde de esta marcha indígena”, dijo.
Lamentablemente, una desafortunada mezcla de soberbia, mala comprensión del ejercicio del poder e intereses específicos, podrían conducir al país a una situación de peligro y división. Pero, las autoridades del Gobierno y los militantes del MAS deberían estar conscientes de que violar la palabra empeñada tal vez podría reportarles una sensación de victoria momentánea, pero de seguro afectaría la esencia misma de la autoridad estatal, más aún si finalmente se consigue la derogatoria de la ley que se comenta, pues mostraría el grado de sumisión de la Asamblea Legislativa ante el poder corporativo, sumisión que significaría un atentado al sistema democrático que los bolivianos, hombres y mujeres, queremos preservar y consolidar.
Más aún si el origen del conflicto radica en que las autoridades del Órgano Ejecutivo no cumplieron los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado y las leyes en vigencia para la construcción de una carretera como la que unirá Cochabamba y Beni, seguramente convencidos de que la norma es para los gobernados y no los gobernantes.
Por lo señalado, corresponde, una vez más, exhortar a las autoridades a evitar nuevos conflictos y confrontaciones. Más bien, en forma conjunta, encontrar la forma de escuchar y entender las demandas de los indígenas, como ha propuesto el Canciller del Estado, y de esa manera lograr que el Tipnis una al país y no lo divida.