EDITORIAL

Más malas noticias para la minería nacional

Si a la caída de los precios de los minerales se suma la inseguridad jurídica, resulta inevitable una mirada pesimista sobre el futuro del sector

La decisión de entregar la concesión "Resguardo de la Tempestad" de la Empresa Minera Himalaya Ltda. (EMH) a la Cooperativa Minera Cerro Negro, mediante un decreto supremo promulgado el pasado 19 de junio, ha vuelto a poner en duda la seriedad con que el gobierno está actuando frente a uno de los principales pilares sobre los que se sostiene la economía nacional.
En efecto, y precisamente cuando se suponía que el gobierno estaba haciendo sus mejores esfuerzos para recuperar la confianza de los inversionistas, la nueva medida ha sido unánimemente calificada por empresarios y analistas expertos en materia minera como una arbitrariedad que termina de liquidar las pocas esperanzas que todavía quedaban en la posibilidad de una reconciliación con el sector privado, cuyo aporte de capitales y tecnología es considerado indispensable para evitar la declinación del sector.
Según todos los observadores de la actividad minera nacional, las consecuencias de la decisión gubernamental pueden llegar a ser funestas porque confirma a nuestro país como uno de los que menor seguridad jurídica puede ofrecer a los inversionistas extranjeros, lo que echa por la borda todos los esfuerzos hechos durante los últimos meses por las autoridades del sector económico para revertir esa mala imagen.
Cabe recordar al respecto que según el más reciente informe del Instituto Fraser de Canadá, institución que todos los años realiza una encuesta a las principales compañías mineras del mundo acerca de las regulaciones y potenciales mineros de cada país, Bolivia figura como la tercera jurisdicción minera menos atractiva para la inversión, pues de un total de 93 jurisdicciones en el mundo que fueron evaluadas, nuestro país ocupa el puesto 91.
Tan mala imagen en el contexto internacional no es gratuita ni injustificada, pues el caso de la mina Himalaya no es el único sino uno más de una muy larga lista de atropellos cometidos por cooperativistas mineros que tras avasallar predios ajenos, y valiéndose de los privilegios que les da su condición de aliados principales del régimen actual --condición compartida con los productores de coca y los “interculturales” o colonizadores—incurren impunemente con excesiva frecuencia en actos que en cualquier otro país serían considerados delitos de máxima gravedad.
Las consecuencias económicas que sin duda se derivarán de tales hechos son también muy negativas, más aún cuando es unánime la opinión de expertos en la materia sobre el inminente fin de un ciclo de bonanza en el sector minero, y el inicio de una época de serias dificultades que no podrán ser afrontadas por los mineros cooperativistas cuyas limitaciones en términos financieros y técnicos son muy conocidas.
En ese contexto, en el que la inseguridad jurídica se suma a las muy adversas circunstancias económicas ocasionadas por la vertiginosa caída de los precios de los minerales en el mercado internacional, resulta inevitable el futuro de la minería boliviana se vislumbre sombrío.