EDITORIAL

Justicia, no venganza ni linchamiento

Hay que aprovechar este caso para que se entienda la importancia de respetar la presunción de inocencia y el debido proceso antes de condenar

En muchas oportunidades se ha insistido no sólo desde este periódico sino desde varios escenarios en que el país debe recuperar y respetar como principios fundamentales para la civilizada convivencia ciudadana la presunción de inocencia y el debido proceso. En la etapa de construcción democrática que comenzó en 1982, luego de largos años de dictadura, se realizaron muchos esfuerzos con este fin, una vez que, acostumbrados a la retórica autoritaria, se imponía, más bien, la idea de que el acusado debía probar su inocencia, y como se presumía su culpa, el destino del ciudadano acusado –de lo que sea– era la cárcel.
Lamentablemente todo lo avanzado, que se tradujo, entre otras normas, en las sucesivas reformas, parcial y total, de la Constitución Política del Estado, en el nuevo Código de Procedimiento Penal, a nivel general, y en el campo del periodismo, en los distintos Códigos de Ética y Manuales de Redacción o en el campo institucional, en la creación del Defensor del Pueblo, la renovación del órgano judicial y el Ministerio Público, se paralizó, radicalmente, con la asunción del MAS al poder.
Desde la primera gestión de gobierno, bajo el argumento de que está en vigencia un proceso de cambio y habría conspiraciones en su contra, retornaron los tiempos de la acusación sin pruebas, la descalificación a los opositores, el uso del Ministerio Público como un instrumento de represión política, el encarcelamiento de ciudadanos al margen del ordenamiento legal. Resumiendo, ha vuelto a primar el principio de la culpabilidad. No son pocas las oportunidades en los que importantes autoridades del gobierno afirmaron que se tenía que “probar la inocencia”, y hay tan poco respeto al debido proceso, que aún hoy hay mucha gente que se encuentra en prisión sin que el Ministerio Público pueda probar culpas ni los jueces emitir sentencia, salvo cuando la presión es directa.
Como no podía der de otra manera, este comportamiento ha tendido a ser emulado en diversos sectores de la sociedad y como, paralelamente, crece la desconfianza en las entidades encargadas de velar por la civilizada convivencia ciudadana (fundamentalmente la Policía, el Órgano Judicial y el Ministerio Público, crece también la posición de aplicar la justicia por mano propia o transgredir básicos derechos ciudadanos en aras de un malentendido sentimiento de solidaridad con los agredidos,
Esto es lo que se podido observar en un lamentable episodio de presunta violencia en contra de una subalterna por parte de su jefe inmediato. A simple denuncia de la funcionaria éste ha sido condenado en muchos medios de comunicación y, sobre todo, en las redes sociales. Grupos de organizaciones feministas y periodistas han decidido por sí y ante sí condenar a ese ciudadano sin medir las consecuencias de esa acción. Hoy el caso está en la justicia y habrá que esperar el proceso.
Pero hay que aprovechar este caso para que tanto desde el poder como desde la sociedad se entienda en su real dimensión la importancia de respetar la presunción de inocencia y el debido proceso antes de emitir opinión condenatoria o absolutoria.