EDITORIAL

Una situación delicada

Ahora que la agenda pública vuelve a la normalidad, no se puede seguir eludiendo el esclarecimiento de las denuncias sobre la red de extorsionistas

Pasados los actos de desagravio que se han realizado por la intolerable afrenta que el Primer Mandatario y el país han recibido por parte de cuatro gobiernos europeos, la rutina vuelve a ocupar la agenda pública y en ésta destaca el tema de la presunta red de extorsionadores que importantes ex funcionarios de los ministerios de Gobierno, Presidencia y Transparencia habrían conformado para obtener, primero, réditos políticos en favor del gobierno y, luego, ventajas económicas, al parecer en favor de ellos mismos.
Descubiertos sus miembros y desatado el escándalo, hubo una frenética actividad por parte de autoridades del Gobierno y funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público para procesar a los presuntos autores. Así, fueron enviados a prisión los acusados de ser cabecillas de la red y algunos fiscales de Santa Cruz. Pero, el caso fue opacándose una vez que los indicios comenzaron a vincular también a dignatarios del Estado.
Esta semana se conoció la declaración de uno de los imputados ante el fiscal sobre el tema, en la que emite graves acusaciones sobre el comportamiento de algunos ministros (en funciones o ahora en otras funciones), de una candidata a gobernadora del Beni y la actuación de autoridades en los sucesos de Chaparina, versiones que si bien deben ser investigadas son verosímiles y tienen coherencia con la sucesión de hechos.
Conocida esta declaración, algunas autoridades han instruido el traslado a prisiones poco seguras de otros dos complicados en el caso, al punto que estos y el principal declarante han expresado temor porque estarían en riesgo sus vidas. Además, uno de ellos ha advertido que si le sucede algo tiene en resguardo muchos documentos y declaraciones que involucran, más de lo que ya están, a varios dignatarios que han pasado por el gobierno o siguen en él.
Ese era el escenario en el que se encontraba este espinoso tema cuando el Presidente del Estado sufrió la afrenta que es de todos conocida. Sin embargo, como señalamos, la agenda pública vuelve a la rutina y es deber de las autoridades atender con transparencia este caso que día que pasa les afecta más, tanto por el cariz que toman las denuncias como porque una de las banderas más importantes del MAS para llegar al gobierno fue su compromiso de luchar contra la corrupción, Más aún, éste fue uno de los factores más movilizadores para el derrocamiento del sistema político-partidario que se estructuró entre 1982 y 2003.
Pero, es necesario anotar que no sólo se trata de corrupción sino de violación de derechos fundamentales básicos consagrados en diversos instrumentos internacionales y en nuestra Constitución. De acuerdo a las denuncias, la red fue conformada como un instrumento de persecución política orquestada desde algunas reparticiones del gobierno central, vulnerando todos los principios básicos y universales para garantizar una convivencia pacífica.
Ese es el fondo del tema que ahora se debatirá y que el gobierno debe esclarecer asumiendo –como sus personeros exigen cuando los afectados son ellos– su responsabilidad, si así se establece.
De lo contrario, una frustración más se apoderará de la ya decaída esperanza ciudadana.