SURAZO

Derecho Internacional

Juan José Toro Montoya.- Al volver a Bolivia tras un viaje de emergencia, lo primero que me encontré en la televisión fue el spot que dice que "fuerzas imperiales" impidieron el aterrizaje del presidente Evo Morales. El tufillo a "Guerra de las galaxias" motivó una carcajada pero después me puse serio por lo que hay detrás de esa propaganda gubernamental.
Lo primero en lo que los bolivianos estuvimos de acuerdo cuando se supo el incidente del avión presidencial fue que la afrenta no estaba dirigida a su ilustre ocupante sino al pueblo boliviano en general. Después de todo, y más allá del origen de su investidura, el jefe de Estado de cualquier país –llámese presidente, premier, primer ministro o tenga cualquier otra dignidad– representa a todos sus gobernados.
Existen normas básicas en el Derecho Internacional que los representantes de ciertos países parecen olvidar al hacer referencia a este caso. Uno de ellos es el de la extraterritorialidad; aquella ficción jurídica por la que ciertos bienes inmuebles, como embajadas, consulados y bases militares, son considerados parte de su país sin importar en qué territorio se encuentren. Por extensión, el concepto abarca también a buques y aviones, particularmente si estos últimos son naves oficiales de algún gobierno.
Es en ese marco que la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó la actitud de los gobiernos de Francia, Portugal, Italia y España, que impidieron el aterrizaje del avión presidencial boliviano y es en ese marco que Roma ya pidió disculpas. Si de verdad honran el Derecho Internacional, los restantes tres países tendrían que hacer lo mismo.
Claro que, si de cumplir las leyes hablamos, habrá que recordar que los políticos no son precisamente los mejores ejemplos. Hasta ahora, ninguno de los gobiernos involucrados en el incidente dieron explicaciones convincentes sobre su actitud. ¿Cómo se entiende que se evite el aterrizaje de un avión presidencial que, como se ha dicho, lleva consigo la representación de un país? Como las explicaciones no satisfacen, cobra fuerza la sospecha inicial de que esos gobiernos actuaron a pedido del de los Estados Unidos y, si fue así, entonces estaríamos en presencia de un acto de sometimiento que echa al inodoro años de sana práctica del Derecho Internacional. Se confirmaría también, a la vista de todo el mundo, que existe injerencia de Washington sobre cuestiones que no sólo desdeñan ese Derecho sino también atropellan los principios de soberanía y libre determinación.
Según España, el gobierno boliviano ha sobredimensionado el incidente. No. Negar autorización de aterrizaje a un avión presidencial es una grave afrenta y se la tiene que encarar en ese marco. Otra cosa muy distinta es que el gobierno boliviano utilice el escándalo internacional para mejorar la imagen del presidente que había sufrido deterioro en los últimos meses tanto dentro como fuera de Bolivia.
¿Que Evo se victimiza?... ¡claro!... si esa es una característica de su gobierno. El detalle es que, esta vez, exageraciones aparte, está en su justo derecho, Derecho Internacional.
Los otros detalles son importantes pero pequeños frente a la magnitud de la afrenta: sometimiento al gobierno de Estados Unidos y uso de las leyes sólo cuando estas son convenientes. Así, Milos Alcaray, ex embajador de Venezuela ante la OEA, intenta hacer diferenciaciones entre asilo y refugio que son más políticas que jurídicas y, también así, el gobierno boliviano enarbola ahora, entusiasta e indignado, la bandera del asilo que pisotea desde hace más de un año en el caso del senador Roger Pinto.