EDITORIAL

Más atentados contra la credibilidad del Censo

Con cada día que pasa, con cada pretexto esgrimido, las dudas sobre la calidad del trabajo realizado no hacen más que multiplicarse

El anuncio hecho en días pasados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la decisión de ampliar hasta el 31 de julio próximo la presentación de los resultados oficiales del Censo de Población y Vivienda 2012, ha agregado un elemento más en contra de la credibilidad y confianza imprescindibles para que los resultados arrojados justifiquen la enorme magnitud del esfuerzo hecho.
Se suma a ello la notable escasez de argumentos capaces de justificar tal decisión. Generalidades como “problemas técnicos”, ninguno de los cuales es atribuible a factores que no hayan podido ser plenamente previstos, no han hecho más que sumarse a la ya muy abundante cantidad de malos antecedentes que se fue acumulando durante toda la etapa preparatoria del Censo y, peor aún, durante la jornada censal del pasado 21 de noviembre.
Recuérdese al respecto la insistencia con que se advirtió sobre la pésima preparación de encuestadores y supervisores o sobre la falta de actualización cartográfica, primero, y sobre la manera tosca e improvisada con que esos vacíos fueron llenándose durante los días previos al operativo censal, después. Numerosos desplazamientos poblacionales de un punto a otro del país, no sólo tolerados sino promovidos y financiados por órganos gubernamentales durante la jornada censal, así como las denuncias sobre la omisión de vastas áreas durante las jornadas dedicadas al relevamiento de datos, fueron otros de los motivos que pusieron en duda la idoneidad con que las diferentes etapas del proceso censal fueron llevándose a cabo.
Por todo ello, al iniciarse la etapa posterior al operativo censal, al día siguiente del 21 de noviembre de 2012, fueron muchos los expertos en materia demográfica que coincidieron en señalar la urgente necesidad de aplicar con el máximo rigor posible un control postcensal, como es universalmente exigido como condición básica para considerar válidos los resultados obtenidos. Una vez más, sin que medien explicaciones razonables, las autoridades del INE optaron por desoír las recomendaciones y desconocer compromisos previamente adquiridos ante el país y ante organismos internacionales, y soslayar una tarea siempre importante pero más aún en circunstancias tan empañadas por la abundancia de motivos de desconfianza.
Pese a ello, y asumiendo que a nadie convenía poner más dificultades de las que a sí mismas se crearon las autoridades responsables, fue unánime la buena disposición con que todo el país –sus habitantes y sus instituciones–contribuyeron a minimizar los defectos de modo que el resultado del esfuerzo hecho fuera el menos malo de los previsibles, con la esperanza de que, pese a todo, el Censo fuera un instrumento útil para la organización del presente y planificación del futuro nacional.
Desgraciadamente, tales expectativas una vez más se ven defraudadas pues con cada día que pasa, con cada pretexto esgrimido, las dudas sobre la calidad del trabajo realizado no hacen más que multiplicarse. Y eso, gravísimo de por sí en cualquier circunstancia, lo es mucho más si se considera que son muchas las consecuencias económicas y políticas que de los resultados censales se derivarán, con todo el potencial conflictivo que eso acarrea.