COLUMNA VERTEBRAL

Poder y derechos humanos

Carlos D. Mesa Gisbert.- Cualquier proceso político que tenga como base de sustentación la eliminación de la discriminación y el racismo y la conquista de la igualdad entre los ciudadanos, tiene como imperativo el respeto a los derechos humanos.
El gobierno ha vivido dos etapas en su camino de consolidación: 2006-2009 y 2009-2013. La primera fue extraordinariamente compleja y turbulenta, con una inestabilidad real y potencial que fueron el signo dominante y que tuvo en la violencia una característica central de su desarrollo. La muerte de cuarenta y siete personas (cuarenta y cuatro civiles y tres uniformados) da clara cuenta de los niveles de confrontación que vivimos en ese periodo.
La correlación de fuerzas entonces era relativamente pareja, expresada desde la oposición en el control de la Cámara Alta y el vigor de las regiones a partir de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, y La Paz en el occidente. A estas alturas caben pocas dudas de que, desde sectores radicales, hubo la intención de desestabilizar al Ejecutivo provocando su caída. Ante esa realidad, el gobierno decidió descabezar el Poder Judicial lo que lo blindó de cualquier intento de cuestionar la legitimidad de sus actos. Inició además una guerra contra los opositores a partir de la judicialización de la política, amparada en la lucha contra la corrupción.
La meta de la que dependía su sobrevivencia era la aprobación de la nueva Constitución, no sólo por su carácter simbólico que concretaba su discurso político, sino porque generaba una nueva institucionalidad que le daba al gobierno una amplio margen de juego para un control total del poder.
Algunos hechos cruciales permitieron a Morales lograr ese objetivo. El primero; el Referendo Revocatorio de agosto de 2008 que inopinadamente fue habilitado por el Senado controlado por Podemos. El resultado (67% ratificó al Presidente) fortaleció al mandatario en un momento de extrema debilidad política. El segundo; la resolución de la crisis de septiembre y octubre de 2008 que se decantó a favor del gobierno tras los sangrientos episodios de Porvenir (Pando), que dejaron un saldo trágico de diecisiete muertos, trece campesinos y cuatro civiles. Fue el punto de inflexión que comenzó a consolidar la estabilidad de Morales. El tercero; tras los hechos de Porvenir, el gobierno logró la luz verde para su polémico texto constitucional, aprobado hasta entonces en medio de violencia y arbitrariedades sin cuento. En octubre de 2008 oficialistas y opositores en el Congreso -con mediación internacional- firmaron un acuerdo para modificar el texto constitucional y viabilizar el Referendo sobre la Constitución. El cuarto; el citado Referendo realizado el 25 de enero de 2009, en el que el gobierno logró el 61% de votos favorables, un resultado estrecho tratándose de la aprobación de un instrumento que debió ser y no fue un verdadero pacto social del país, pero que legitimó incuestionablemente a Morales. El quinto; los sangrientos sucesos en Santa Cruz el 16 de abril de 2009, con la presunta ejecución de Eduardo Rosza, Arpad Magyarosy y Michael Dwyer,a acusados de terrorismo, que abrió una acción implacable del Ejecutivo que acusó a centenares de personas de estar vinculadas con Rosza. En pocos meses el poder cívico cruceño fue descabezado, igual que el liderazgo más radical del empresariado oriental. Para mediados de 2009, Santa Cruz había dejado de ser un bastión opositor con posibilidades de jaquear a Morales.
La segunda etapa (2009-2013) comenzó meses antes de la reelección del Presidente por abrumadora mayoría de votos (64%), la más alta desde 1966. La consolidación de su estructura de poder, sin embargo, no fue de la mano de una lógica que respondiera a su propio discurso, la garantía de la libertad y el respeto a los derechos ciudadanos y a los derechos humanos de la sociedad boliviana.
La lista de temas en los que el gobierno mostró y muestra un actitud inaceptable en el tema puede resumirse en: Suspensión arbitraria de autoridades elegidas por voto popular. Centenares de compatriotas que -sintiéndose perseguidos- se han acogido al refugio humanitario o al asilo político en varios países. Víctimas de la judicialización de la política que, a título de delitos comunes, enfrentan decenas de juicios, o han sido detenidos, o han muerto en prisión, o siguen presos por años sin sentencia. El TYPNIS y sus derivaciones. Quiebre de la relación entre pueblos indígenas, irrespeto al medio ambiente e inconsistencia con el discurso oficial, el caso Chaparina y su atrabiliario manejo. La insistencia en retener al senador Pinto, a quien Brasil le ha concedido asilo político
Por el contrario, cuando se trata de acusaciones de corrupción o responsabilidad en la vulneración de DDHH por parte de funcionarios del gobierno, salvo contadísimas excepciones, la regla aplicada no es la misma que la que se usó y se usa para los opositores. El tema es una grave asignatura pendiente de este gobierno.