Lo que no se dice de la nueva Ley de Pensiones

Jorge Alex Miranda Espada.- El pasado 10 de diciembre del 2010 el Gobierno promulgó la Ley Nº 65, en reemplazo de la Ley 1732 promulgada en 1996 por Gonzalo Sánchez de Lozada, encuentro necesario realizar un análisis del origen de la misma, sus principales errores y algunos comentarios. Supuestamente esta nueva Ley nace consensuada con los trabajadores del país y con el apoyo pleno de la COB. Por todos los medios, el Gobierno se encargó de publicar las bondades de esta nueva Ley, ofreciendo a los trabajadores rentas más dignas, aumentando las mismas y creando el fondo solidario para personas que no puedan financiar una renta de vejez, señalando además, que se basan en principios de solidaridad, sostenibilidad entre otros. Luego de dos años de vigencia de la misma, se constató que no fue como se publicitó, provocando grandes movilizaciones de trabajadores, llegando incluso a declararse un paro general, exigiendo al Gobierno la revisión inmediata de la misma.
Hay un tema que es central y que ningún sector menciona, es el referido a la deuda que el Gobierno tenía con las dos Administradoras de Pensiones, Previsión y Futuro, antes de la promulgación de la mencionada Ley. Cuánto es la deuda real del Gobierno con las AFPs, o cuanto fue, ya que a la fecha se supone que ya debía estar vigente la Gestora Publica encargada de la administración de los fondos de pensiones, pero inexplicablemente las AFPs continúan recibiendo los aportes de los trabajadores. Este dato es muy importante conocer, ya que se trata de nuestros recursos, aportes de los trabajadores de toda la vida. No se sabe cuánto es la deuda, cuál la rentabilidad y menos en qué se invirtieron esos recursos, seguro que en actividades ajenas al interés previsional. Todo es una incógnita, pero se presume que la deuda debe ser tan grande, que definitivamente fue uno de los factores más importantes para el origen de esta nueva Ley. También llama la atención que a la fecha, habiendo transcurrido dos años y medio, no se tenga la reglamentación para el traspaso, definitivo de las AFPs a la Gestora Publica. La administración de los recursos tiene que ser rigurosa y eficaz, para que la seguridad social pueda afrontar con garantía sus obligaciones de pagar sus prestaciones.
La principal diferencia de la nueva Ley de Pensiones, con respecto a la anterior, se encuentra en la creación de una pensión solidaria. Esto no supone en absoluto que el Gobierno esté actuando sobre la base de un principio solidario. Como funciona este principio, significa que la fuente de financiamiento del fondo solidario constituye el aporte de nosotros los trabajadores con 0,5% del total ganado, aporte patronal de las empresas con un 3% y aporte de las primas de riesgo en un 20%, entre otros. Esto significa que no se puede hablar de solidaridad, si el Gobierno no aporta ni un centavo para este fondo, es inadmisible llamarse solidario con el dinero de otros. Algo más, que no ocurra que los conflictos sociales pasados y el reinicio de las conversaciones entre trabajadores y Gobierno, sirvan para mejorar el fondo solidario en desmedro de los sectores antes mencionados y el Gobierno siga sin aportar un solo centavo. El principio de Solidaridad es la relación o unión de personas e instituciones que colaboran mutuamente, al objetivo que ellos mismo promueven, en este caso, ser solidarios todos con los que menos ganan, para otorgar una pensión solidaria digna.
Sin duda, uno de los errores más graves del nuevo sistema de pensiones, es que no tiene un cálculo matemático actuarial que garantice la vigencia del sistema en un largo plazo, solo se menciona la disminución del 70 % al 60% para acceder a una renta de vejez y la reducción de la edad a 58 años provocando un mayor número de jubilados pero con rentas más bajas. Si consideramos solamente que las AFPs en casi catorce años de vigencia jubilaron a 30.000 personas aproximadamente y que el nuevo sistema en solo dos años jubiló a casi 25.000, nos damos cuenta que el nuevo sistema quintuplicó la cantidad de jubilados por año. No es necesario ser un gran especialista para darse cuenta que nuestro aparato productivo no crece en esa medida en el país, al contrario, la pasada gestión se tiene conocimiento que cerraron más de 500 PYMES por diferentes motivos, esto hace que se achique mas el aparato productivo, por tanto, más temprano que tarde se tendrán que hacer nuevamente ajustes, para permanecer en el tiempo. Hoy en día, se considera que los aportes de 10 activos solventan la jubilación de un pasivo, al paso que vamos, no habrá fondo que soporte tanta carga y se supone que desde el punto de vista financiero, el futuro del fondo no está garantizado. Existe el peligro de que el Estado al ser juez y parte, la inversión de nuestros aportes sean destinados en inversiones distintas al interés previsional, por eso es que se duda de la sostenibilidad. No existen garantías para afrontar el pago de las prestaciones.
Las rentas son cada vez más bajas, el informe que emite el SENASIR con relación a la compensación de cotizaciones mensual y global mas el informe que emite actualmente las AFPs con relación a la fracción de saldo acumulado al sistema individual, son cálculos matemáticos actuariales caprichosos, sin ningún respaldo técnico y sin dar ninguna explicación sobre la forma de dicho cálculo, a los interesados. Esto hace que sea casi imposible, sumados ambos, llegar al 60% del referente salarial para acogerse a una pensión de vejez, optando en la gran mayoría de los casos, cumplir el otro requisito, vale decir la edad y jubilarse con porcentajes mucho más bajos al 60%, esta es la realidad. En resumen, subieron nuestros aportes laborales y patronales con relación al antiguo sistema y bajaron las rentas.
Finalmente, señalar que es tan grande la incertidumbre que nos embarga, que de alguna manera en estas nuevas reuniones que se instalaran con el propósito de buscar una salida favorable, la Central Obrera debía exigir al Gobierno tener un aporte efectivo en el fondo solidario, si comulga el principio de solidaridad. Que de alguna manera se tenga transparencia en la designación de los miembros de la Gestora Publica y sobre todo que se cuente con sistemas de fiscalización de nuestros recursos, para evitar experiencia del pasado, mala administración, corrupción, desfalcos, etc. Las movilizaciones sociales son el resultado de haber emitido una normativa con errores y sin el suficiente tecnicismo, por lo que nos sentimos más engañados y se hace necesaria una revisión de la nueva Ley que permita garantizar a las personas tener un retiro más digno al cumplir su ciclo laboral.