FALLO. La sentencia fue dictada en las últimas horas en el Tribunal Departamental de Justicia.

QUEDA EN SUSPENSO EL PAGO MILLONARIO DE LA GOBERNACIÓN A LA CEMENTERA PACEÑA

Anulan sentencia en caso Soboce

SOBOCE califica el fallo como una "aberración jurídica", por la presión política.

Sucre/CORREO DEL SUR

La justicia ordinaria determinó dejar sin efecto la sentencia de primera instancia que había impuesto a la Gobernación el pago de $us 93 millones a favor de SOBOCE, por la indemnización de sus acciones expropiadas en FANCESA. La Sala Civil I del Tribunal Departamental de Chuquisaca resolvió “anular todo lo obrado” disponiendo, además, que se acuda ante el órgano jurisdiccional competente, es decir el Tribunal Supremo de Justicia, con un proceso contencioso-administrativo.
“La Sala Civil, Comercial y de Familia Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito de Chuquisaca, en base a las breves consideraciones precedentes, y de conformidad con el Art. 237-I)-4) del Código de Procedimiento Civil anula todo lo obrado y dispone que la parte actora acuda en ejercicio de su acción ante el órgano jurisdiccional competente”, versa la parte resolutiva del Auto de Vista, SCCFI-321/2013, firmado por los vocales Delma Miranda y José Antonio Revilla.
Tal resolución fue notificada a las partes ayer.
Sin embargo, la cementera paceña calificó el fallo como una interpretación “errónea” y denunció “presiones políticas”. Este diario buscó sin éxito conocer la reacción de la Gobernación de Chuquisaca.
“Este proceso, bajo ninguna lógica, podía ser remitido a la jurisdicción contencioso-administrativa porque Soboce nunca pidió la anulación de una resolución del Órgano Ejecutivo, sino el cumplimiento del Decreto Supremo 616”, respondió el gerente de la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), Armando Gumucio, al precisar que de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil, el proceso contencioso-administrativo tiene por objeto impugnar resoluciones del Órgano Ejecutivo y solicitar su anulación, pero en ningún caso pedir el cumplimiento de dichas resoluciones.
“Al haberse realizado esta interpretación jurídica por el Tribunal Departamental de Chuquisaca, se están vulnerando los principios básicos del debido proceso, el acceso a la justicia y la seguridad jurídica, consagrados por la CPE”, enfatizó.


FALLO EN PRIMERA INSTANCIA
El 15 de abril de este año, el Juzgado Séptimo de Partido en lo Civil de Chuquisaca declaró probada la demanda interpuesta por SOBOCE en contra de la Gobernación de Chuquisaca por el incumplimiento del Decreto 616. Según esa sentencia, de primera instancia, la Gobernación debía pagarle algo más de $us 93,3 millones a la cementera paceña por el 33.34% de sus acciones revertidas en FANCESA, incluido un interés anual del 6% por daños y perjuicios. La noticia salió a la luz el 23 de abril, y la Gobernación y el oficialismo no tardaron en anunciar juicios contra el juez Fernando Rilbert Avilés. Tras ello, se apeló la sentencia.
Para SOBOCE, el fallo conocido ayer solamente puede explicarse por la “presión política ejercida” en los últimos meses sobre los vocales del Tribunal de Justicia. “Desde un punto de vista estrictamente legal, es inadmisible y constituye una aberración jurídica, que crea un funesto precedente para la seguridad jurídica en el país”, acotó Gumucio al anunciar que si bien la sentencia no exime de la obligación económica que tiene la Gobernación, se acudirá a todas las instancias legales.