EDITORIAL

La verdad sobre Chaparina

Cuesta creer que las denuncias sobre los hechos de Chaparina sean ciertas, pues se espera que ciertos límites éticos sean respetados aun en las peores circunstancias

Una serie de nuevos datos que durante los últimos días han salido a la luz pública sobre la manera como el Gobierno nacional planificó, organizó y ejecutó el operativo policial y militar el 25 de septiembre de 2011, en un frustrado intento de desbaratar la VIII marcha hacia La Paz de los pueblos que habitan el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), ha dado un nuevo giro a la historia que está escribiéndose casi a diario en esa zona de nuestro país.
Según las denuncias recientemente hechas, el 25 de septiembre de 2011 en Chaparina, uno de los puntos por los que pasaba la VIII marcha de protesta de los pueblos del Tipnis hacia La Paz, se habría montado una especie de escenificación teatral expresamente concebida para lograr un fulminante efecto mediático para desprestigiar a los indígenas y su causa.
Para tal efecto, se habría hecho uso nada menos que del Canciller del Estado. Así, un equipo de agentes policiales encubiertos, infiltrados entre los marchistas, buscó ejecutar una macabra obra de difamación colectiva. Con el aparente propósito de abrir vías de diálogo y negociación, se habría enviado al canciller David Choquehuanca en calidad de negociador. Junto a él, pero por otras vías, habrían sido enviados al lugar fijado para el encuentro agentes policiales encubiertos con instrucciones muy precisas.
Según la versión gubernamental, las instrucciones precisas consistían en velar por la paz y la tranquilidad. Según los denunciantes, en cambio, lo que hizo por lo menos una de esas agentes, la que ya fue plenamente identificada, fue todo lo contrario. Lejos de apaciguar los ánimos, la agente infiltrada los habría inflamado continuamente, llegando al extremo de incitar a quienes la creían su compañera de lucha a cometer muy graves delitos, como golpear y secuestrar al canciller Choquehuanca. Una serie de imágenes registradas por diferentes medios corroboran esta segunda versión.
El siguiente acto de tan audaz escenificación ya no habría sido encomendado a los encargados de la actuación, sino a los autores intelectuales de la tramoya. Ni bien se ejecutó el acto de Chaparina, la trama fue llevada a los escenarios judiciales, donde abrieron un proceso penal contra los dirigentes del Tipnis, atribuyéndoles ya no sólo el delito de secuestro, sino de intento de homicidio, que es la gravísima acusación bajo la que están siendo sometidos a una investigación encabezada por el Ministerio Público.
Cuesta creer que los organismos de seguridad gubernamentales lleguen a tales extremos, como sostienen las organizaciones defensoras de los derechos humanos que han intervenido en el caso, por lo que es de esperar que las autoridades gubernamentales, sobre todo las que desde el Ministerio de Gobierno fueron protagonistas de ese episodio, sean capaces de dar una explicación aceptable. De otro modo, si se confirma que lo ocurrido en Chaparina en septiembre de 2011 fue una macabra escenificación de un operativo de difamación colectiva, a la infamia y vileza del acto habrá que agregarle el carácter delictivo que conlleva.