EDITORIAL

UNA CONVOCATORIA OPORTUNA

Según el Defensor, las muertes en recintos militares parecen indicar, al menos, ausencia de vigilancia y protección

El Defensor del Pueblo ha convocado al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) a una reunión para analizar el tema de la violación de derechos humanos dentro de la institución castrense y que ha ocasionado la muerte de siete personas: tres conscriptos, dos subtenientes, un cadete y una enfermera.
A criterio del Defensor, estas muertes “parecen indicar, cuando menos, una ausencia inquietante de mecanismos de vigilancia, prevención, cuidado y protección que están afectando principalmente la vida y seguridad de quienes acuden a esa institución para servir a la Patria y la sociedad”.
Con ese mismo objetivo, el Defensor se reunió ayer, en Sucre, con el Fiscal General, y aunque los temas abordados en ese encuentro fueron tan diversos –incluyeron el proceso a los dirigentes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure– es evidente que el Estado tiene interés en atender los casos preocupantes que se han presentado en los recintos militares. Esta vez, como en oportunidades anteriores, es la oficina del Defensor del Pueblo la que pone en agenda esta preocupación, pero para que realmente el Estado se ocupe, se requerirá de la participación de todas las instituciones involucradas.
El último fin de semana, se supo de una nueva muerte en un recinto militar: un recluso falleció por aparente mala manipulación de su armamento. El lugar de los hechos, como penosa coincidencia con los casos antes señalados, lleva a meditar, además, sobre el control en estos centros.
Cabe recordar que, al poco tiempo de organizada la oficina originalmente denominada “Defensor del Pueblo” (fines de la década de 1990 del siglo pasado), comenzaron a realizarse una serie de talleres en los diversos recintos castrenses para que los mandos y la tropa conocieran la normativa nacional e internacional sobre respeto a los derechos humanos. Que a poco menos de tres lustros sigan apareciendo casos como los que se comenta, muestra que es preciso introducir dentro de las FFAA un cambio estructural que permita que se comprenda que el respeto a la dignidad del ser humano no es, por un lado, una exquisitez democrática, sino un principio universal, y, por el otro, que este respeto no contradice los principios de disciplina y desarrollo corporal de la institución.
Por eso, se debe felicitar y apoyar la iniciativa del Defensor del Pueblo y exhortar a las autoridades de gobierno y militares a no resistir esta convocatoria porque, al final de cuentas, el pleno respeto de los derechos humanos no sólo que es una obligación constitucional, sino que, además, dignifica a la institución y sus responsables que lo practican.