LA CURVA RECTA

Aborto

Agustín Echalar Ascarrunz.- Hace casi un mes, la diputada ofic ialista Patricia Mancilla abrió una caja de Pandora al presentar, ante el Tribunal Constitucional, la inconstitucionalidad de algunas leyes vigentes, que estarían en contradicción con la nueva Constitución.
La anulación de éstas llevaría a la legalización del aborto. El argumento es que la Constitución de Oruro garantiza el respeto a los derechos sexuales y el acceso irrestricto a los servicios de salud a las personas.
La diputada, luego de lanzar la piedra ha escondido la mano, y se niega a hacer declaraciones sobre el asunto. Lo cual da por lo menos una imagen de falta de solvencia de la mencionada política para defender sus puntos de vista y hace pensar que ha querido ganar una batalla a partir de un tecnicismo, cuando se trata de un tema que verdaderamente va al meollo de los planteamientos morales y éticos de una sociedad y, por supuesto, de los individuos.
La contradicción que existiría entre la nueva Constitución y las leyes del Código Penal pueden ser dilucidadas con relativa facilidad. Pretender que el aborto es un “derecho sexual y reproductivo”, si éste no es producto de una violación, si éste no pone en riesgo la vida de la gestante, o si el engendro no tiene posibilidades de sobrevivencia (que son consideraciones presentes dentro del sistema legal vigente bajo el título de “no aborto impune”), es una interpretación excesivamente flexible, precisamente porque se está atentando contra un individuo que también existe. Pretender que la obligación de una atención médica incluye la obligación de los sistemas médicos a atender la solicitud de un aborto es también un extremo y difícilmente puede ser considerado como algo que está en el espíritu de la Ley Magna.
Una vez más nos enfrentamos ante la chapucería de ese engendro legal, que indudablemente tiene no sólo muchos cabos sueltos, sino innumerables contradicciones, (en este tema, ¿cómo armonizamos los castigos que implica la tradición y la cosmovisión originaria de los Andes ante el aborto, y los derechos sexuales de las personas, cuando una mujer –por el sólo hecho de serlo– es en ciertos casos sospechosa de haber abortado y, por lo tanto, es interrogada y eventualmente “revisada” por las autoridades de la comunidad?).
Existe también la posibilidad de que el uso de la fórmula “derechos sexuales y reproductivos” sea algo similar al uso del término “intangible” en el asunto del Tipnis, incluido sólo para contrabandear un artículo que hubiera sido excesivamente polémico. Pero, el tema es mucho más serio y debe ser manejado con profunda honestidad. Hay sectores ligados a las iglesias –la Católica y otras–, que proponen un referéndum; lo hacen porque tienen la casi certeza de que ganaría abrumadoramente un rechazo a la legalización del aborto. A primera vista, ése podría ser un método correcto y genuinamente democrático, pero tal vez, en el mal sentido, sería un antecedente para –vía referéndum– consolidar las más arcaicas prácticas, incluyendo la pena de muerte, y posibles sanciones a la homosexualidad.
La discusión sobre el aborto es, sin lugar a dudas, una de las más difíciles, precisamente porque está dentro de la esfera más íntima de las personas, porque afecta principalmente a las mujeres, víctimas del machismo desde el inicio de los tiempos. Y no es un asunto que se pueda solucionar a partir de tecnicismos, tampoco de pacatería, pero, tampoco en nombre de unos derechos que evidentemente invaden los de un tercero.
El debate abierto, serio, profundo y generalizado debe reactivarse: no es un tema nuevo, hay personas que trabajan en el mismo, como lo dijo Sandra Aliaga en una entrevista: desde hace 30 años; la Iglesia Católica lleva la delantera de algunos siglos (para bien o para mal).