EVENTO. Los participantes firmaron un acta de compromisos para mejorar la justicia.

SUGIEREN CONTROL SOCIAL ORGANIZADO PARA MEJORAR LA JUSTICIA

Cumbre demanda un mayor presupuesto y coordinación

En las dos jornadas de encuentro evaluaron el sistema judicial y recibieron propuestas

Willam Zolá/CORREO DEL SUR

La primera Cumbre del Órgano Judicial concluyó con nuevos compromisos y exigencias; las autoridades judiciales y representantes de organizaciones sociales e instituciones, demandan del Ejecutivo un 3% del presupuesto general para el Órgano Judicial, mayor coordinación entre órganos del Estado y la aplicación del control social organizado como parte de la participación ciudadana. Empero, este control social debe ser reglamentado para que no se entienda como presión o injerencia.
Durante dos jornadas, los más de 300 participantes escucharon el diagnóstico del sistema judicial. Admiten que la situación sigue siendo crítica pese a las nuevas leyes y nuevas autoridades. En siete mesas de trabajo, los participantes intercambiaron experiencias y sugerencias que son parte de las conclusiones difundidas en el acto de clausura.
Expresaron como un mandato de la Cumbre que el Ejecutivo y el Legislativo garanticen un 3 por ciento del presupuesto general para el Órgano Judicial, además de gestionar mediante un anteproyecto de Ley la incorporación de recursos económicos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para afianzar la independencia económica y la sostenibilidad del servicio de justicia.
En otra de las conclusiones, las autoridades judiciales se comprometieron a promover iniciativas legislativas y ciudadanas y una de las primeras será la creación de un código de Ética Judicial que rija la conducta de los servidores judiciales.
Asimismo, de las mesas de trabajo de participación ciudadana, salió la propuesta del control social organizado que debe ser reglamentada para definir quiénes conforman la sociedad civil organizada y definir los límites del control y de la participación ciudadana.
En el acto de clausura, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, señaló que en cumplimiento de las resoluciones de la Cumbre, fortalecerán el proceso de capacitación a los operadores de justicia y acelerarán el proceso de institucionalización para lograr la estabilidad laboral.
“Si logramos el trabajo coordinado entre los órganos Judicial, Legislativo, Ejecutivo, además del Ministerio Público, la Policía y otras organizaciones e instituciones, con seguridad cambiaremos la justicia”, aseguró.
Hurtado dijo que la implementación del nuevo sistema de justicia plural es paulatina, empero admite que “es necesario acelerar esta implementación para erradicar la justicia elitista que beneficia a unos pocos e instalar la justicia del y para el pueblo”.
Por su parte, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, exigió a los demás órganos del Estado, corresponsabilidad en el servicio de justicia en la otorgación de un mayor presupuesto y la aprobación de las leyes.
Para el presidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia (AMABOL), César Suárez, la presencia de organizaciones sociales e instituciones en este evento respalda el requerimiento presupuestario y una mayor coordinación entre los órganos del Estado para mejorar la justicia.
A su turno, la diputada Rebeca Delgado reveló que hay ausencia de coordinación institucional para mejorar el servicio de justicia y lo que funciona es la “imposición de gabinetes jurídicos” que incluso pueden tergiversar las conclusiones.

Coordinación

En sus conclusiones, los participantes exigieron mayor coordinación y cooperación entre las justicias ordinaria, agroambiental e indígena originaria porque esta última sigue sometida a la ordinaria.

Apuntes

La primera Cumbre reunió al menos a 300 personas de organizaciones e instituciones.
No llegaron el presidente Evo Morales, sus ministros ni las presidentas de las cámaras.
Los sectores sociales piden a los jueces, hacer respetar su independencia y autonomía
Otorgan un plazo de 60 días para la reglamentación de la Ley de deslinde jurisdiccional.