EDITORIAL

Adjudicaciones sin transparencia

Son tantas las dudas sobre las adjudicaciones, que el prestigio de las empresas que las reciben queda tan dañado como el de las autoridades que las otorgan

Una serie de noticias relativas a casos de negociados cometidos en muchos gobiernos municipales y departamentales, y también en numerosas empresas estatales, ha vuelto a dar actualidad a un tema que durante las últimas semanas ha adquirido especial trascendencia en la agenda pública nacional con motivo de la forma cómo son administrados los recursos del programa “Bolivia Cambia, Evo cumple”. Nos referimos a la recurrencia de las autoridades de todas las instancias del Estado en eludir las normas básicas relativas a la adquisición de bienes y servicios para proceder por el más expedito camino de las adjudicaciones directas.
Son tan elevadas las cifras involucradas en cuentas que nunca se aclaran que ya no puede haber argumento que valga a la hora de justificar la creciente arbitrariedad con que se dispone del patrimonio colectivo, mucho menos si el carácter excepcional que se pretende dar a esa práctica ha dejado de ser tal para pasar a convertirse en algo habitual. Lo excepcional, tal como están las cosas, es que se produzca alguna adjudicación precedida de todos los pasos y procedimientos previstos por las leyes vigentes para tal efecto.
La magnitud del asunto, que hace ya más de un año fue revelada por una serie de investigaciones periodísticas que sobre la base de informes oficiales, establecieron que la suma de los fondos públicos adjudicados a empresas privadas proveedoras de bienes y servicios al Estado en forma directa podía estimarse en montos superiores a los 2 mil millones de dólares, no ha hecho más que aumentar exponencialmente durante los últimos meses, como se ha podido constatar a raíz de las investigaciones relativas al manejo de los fondos del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”.
Por las razones mencionadas surge la sospecha de que optar por las invitaciones directas no es consecuencia de una mala racha de circunstancias “excepcionales”, sino parte de una política del Estado respaldada por disposiciones legales que le dan a esta práctica cierto aspecto de legalidad. Es el caso del Decreto Supremo 224, en el que se amparan quienes disponen de los recursos públicos como si de su propio patrimonio se tratara, o la forma en que se propone declarar como reservadas informaciones sobre las empresas del Estado en la Ley de Transparencia y acceso a la información pública.
El fenómeno está produciéndose con la misma alarmante intensidad en los tres niveles del Estado –central, departamental y municipal–, y muchos de nuestros municipios no son una excepción ni mucho menos, pues son cada vez más los casos en los que circunstancias supuestamente ajenas a la voluntad de las autoridades “obligan” a recurrir “excepcionalmente”, una y otra vez, a las invitaciones directas. Todo eso crea condiciones óptimas para la proliferación de sospechas, dudas y susceptibilidades, lo que no hace nada bien a la imagen de las autoridades que dan las adjudicaciones ni al prestigio de las empresas que las reciben.