EDITORIAL

El Censo, un previsible fracaso

A estas alturas del proceso, cuando el daño ya ha sido hecho, el gobierno debe concentrar los esfuerzos para minimizar sus efectos negativos como le exige la ciudadanía

Tal como era de prever, pues fueron muchas las advertencias que en ese sentido fueron hechas desde hace ya por lo menos tres años, la presentación de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 ha desencadenado una ola de reacciones de protesta que por lo tardías que son, pese a su vigor, poco podrán hacer para revertir lo que es calificado como un pésimo trabajo hecho por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Para sentar algún precedente, hay que recordar que desde que el proceso censal comenzó a dar sus primeros pasos ya se vislumbraron muchos de los problemas que hoy salen a la luz. El pésimo trabajo preparatorio, la mala formación técnica de gran parte del personal que tuvo a su cargo tan delicada tarea, la destrucción sistemática de la estructura institucional y del equipo de profesionales que tan trabajosamente habían ido formándose durante los últimos años, entre muchos otros, fueron algunos de los factores que dieron lugar a este desenlace. Así, de un censo hecho sin una previa actualización cartográfica, recurriendo por ello a mapas de décadas anteriores, con encuestadores y supervisores capacitados días antes de la jornada censal, los masivos desplazamientos poblacionales de un punto a otro del país organizados y financiados por gobiernos departamentales y municipales, entre muchos otros, son algunos de los desaciertos que se fueron dejando pasar.
Si esa manera tan irresponsable de actuar fue consecuencia de una maliciosa labor de sabotaje urdida y ejecutada desde niveles jerárquicos ajenos a las instancias censales con propósitos estrictamente políticos, o fue simplemente el único resultado que cabía esperar de la falta de idoneidad técnica y profesional del personal de una institución que, como el INE, fue reducida a la condición de un apéndice de las oficinas de propaganda gubernamental, es algo que nunca se sabrá.
Lo único cierto, a estas alturas del proceso, es que el daño hecho es demasiado grande y muy difícil de reparar. Más aún si se considera que lo que está en juego no es sólo la credibilidad de los datos estadísticos, lo que de por sí es muy importante, sino, lo peor, que de ellos dependen muy importantes decisiones políticas y económicas cuyas consecuencias positivas y negativas afectarán a todos los departamentos, provincias y municipios del país.
La directa relación entre los resultados finales del censo y la cantidad de diputados que corresponde a cada departamento, o los montos asignados por coparticipación tributaria a cada unidad geográfica, multiplican el potencial explosivo de las dudas que han quedado abiertas.
En las actuales circunstancias, y dados los ya muy conocidos antecedentes del caso, entre los que hay que destacar la sistemática acumulación de errores que fue acumulándose durante los últimos años, las pocas esperanzas quedan puestas en un operativo poscensal o, mejor aún, en una auditoría externa. Es de esperar que el gobierno, al ver las consecuencias que puede ocasionar su actitud, acceda a poner en marcha esos mecanismos de control, como lo han sugerido incluso muchos de sus más prominentes miembros.