PERCEPCIONES

Ir a un nuevo Censo Nacional

Mario Rueda Peña.- En todas sus fases, cuestionamientos de todo tipo restaron transparencia y credibilidad al Censo Nacional de 2012. Nunca se supo si fue completa o parcial la cartografía definitoria de los espacios urbanos y rurales para el nuevo recuento demográfico. En no pocos observadores brotó la sospecha de que sobre el particular se incurrieron en muchos errores y hasta omisiones.
Las críticas recayeron también sobre ciertas preguntas de la papeleta censal, como aquellas relativas a la autoidentificación con algunas de las etnias indígenas reconocidas por la actual Carta Magna, cuya funcionalidad trascendía lo técnico-cuantitativo para recalar en lo político. Un depósito de papeletas censales descubierto en el aeropuerto cruceño de Viru Viru se sumó a las anormalidades.
La alarma hizo igualmente presa en ciertas regiones del país cuando desde municipios rurales controlados por el MAS se conminó a los emigrantes rurales asentados en ciudades a regresar a sus lugares de origen para ser censados, intimidación que surtió efecto.
Justificadas las aprensiones porque de los resultados del Censo dependía la participación regional en la percepción de recursos provenientes de fuentes fiscales. Aumentó el recelo la inexplicable demora en el procesamiento de los datos del recuento demográfico, algo que con la actual tecnología de punta aplicable a este tipo de emprendimientos, demanda sólo algunas semanas de trabajo.
Ahora, las contradicciones entre los resultados “preliminares” del Censo, dados a conocer en enero de 2013 y los públicamente difundidos por el INE el miércoles de la semana pasada, equivalen a encendido de mecha de bombas que pueden explotar nada menos que en seis departamentos. Sobre todo, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, no aceptan los referidos desajustes, siendo posible que muy pronto se lancen a la protesta. Conste que el malestar surge también en el MAS, cuyas representaciones parlamentarias temen que sus regiones perciban menos ingresos y pierdan escaños.
¿Cuál, para el Gobierno, la salida? No le queda otra que ir a un nuevo Censo Nacional, que podría realizarse en 2015, suspendiendo la aplicación del levantado en 2012. ¿Auditoría técnico-cuantitativa u otros medios de comprobación? ¿Muestreos o encuestas censales? Estas vías no aclararían del todo el caso y el conflicto seguiría en marcha.