EDITORIAL

Tiempo de diálogo, no de advertencias

No hay que olvidar que los datos del Censo son los insumos básicos para establecer la redistribución de recursos que genera el país y la representación política regional

Más allá de cualquier prejuicio, la realización del censo de Población y Vivienda 2012 ha sido un fracaso y discutir al respecto carece de sentido, salvo que se mantenga la inexplicable corriente gubernamental de trocar la realidad y convertir el error en triunfo. Además, actuando de esta manera se tiene el agravante de que no se aprende del error sino que se abren las compuertas para cometerlos sistemáticamente.
La importancia de un Censo, como se ha dicho en reiteradas oportunidades, es vital. Sobre esa base estadística se puede elaborar mejores programas de atención y desarrollo a la población, así como definir con mayor precisión las políticas a seguir en la conducción del país. Si esas estadísticas son erróneas, fácil es colegir que las decisiones tienen mayor probabilidad de ser inadecuadas.
Es difícil creer, y esto también hay que decirlo con claridad, que esos errores no sean tales, sino producto de manipulación por parte de los técnicos responsables de realizar esta tarea. Y es que han demostrado ser tan malos, que se hace dificultoso asumir que puedan manipular conscientemente esos datos.
Desde el llano, es fácil comprender el rechazo a los resultados del Censo 2012 que ha surgido en los departamentos. No hay que olvidar que los datos del Censo, además de servir como base fundamental para la elaboración de políticas públicas, son los insumos básicos para establecer la redistribución de recursos que genera el país y la representación política regional.
En este contexto, surge la pregunta sobre qué hacer. Para responderla, es mejor pensar en lo que no se debe hacer, y un requisito fundamental es relativizar el apoyo o rechazo radicales a los resultados difundidos. También se debe evitar aprovechar este error para buscar posicionamientos políticos, lo que no significa “no hacer política”, sino hacerla entendiéndola como la ciencia del servicio al bien común, lo que implica tener la capacidad de subordinar los intereses personales y sectarios.
Si se acepta esa sugerencia, lo que corresponde es encontrar mecanismos que permitan “salvar” el Censo, y así evitar que se esfume la friolera de 55 millones de dólares que ha costado. Para ello, es fundamental realizar una auditoría técnica como la propuesta por representantes del Banco Mundial y el BID, y que hará el Celade. Además de detectar las causas de los errores y los mecanismos que podrían ayudar a superarlos, se establecerá con precisión el margen de error de los datos. Así, será posible diseñar un proyecto de corrección técnica de los datos para que éstos puedan utilizarse sin el riesgo de que induzcan al equívoco.
Ayudaría en ese camino organizar mesas de reflexión técnica, en las que haya presencia ciudadana y política, de manera que se pudiera forjar un consenso que permita avanzar en la corrección de los resultados censales. La otra alternativa es, como ha sucedido en Chile, reestructurar el Instituto Nacional de Estadística (INE) para que sea una entidad eminentemente técnica, sin posibilidad de injerencia de ninguna naturaleza, e incluso realizar otro censo, aunque de dimensiones más reducidas.
Pero, para lograr acuerdos de esta naturaleza, se requiere diálogo, no advertencias ni amenazas.