SURAZO

País mentiroso

Juan José Toro Montoya.- Hablar del triste papel que el Instituto Nacional de Estadística (INE) cumplió en el último censo ya no sirve de nada. La INEficiencia del INE le restó toda credibilidad y punto. De aquí para adelante, ya no podremos creerle como antes.
Pero, más allá de esa verdad, lo cierto es que los bolivianos, aquellos que fuimos contados en el malhadado censo, también tenemos nuestra porción de culpa en la incongruencia que ahora conocemos como “resultados oficiales”.
Y es que, ya sin hablar de la INEptitud del INE, hay que aceptar que mucha gente, miles y miles de bolivianos, le jugaron sucio al país.
Veamos: un censo de población y vivienda es un instrumento con el que se recuenta a los habitantes de un Estado con el propósito de emplear los resultados de ese recuento en tareas administrativas, particularmente en la distribución de los recursos nacionales. Desde ese punto de vista, la mayoría de los bolivianos deberíamos haber asumido la convocatoria al censo con una seriedad tal que no debimos proporcionar información equivocada. ¿Que quién proporcionó información equivocada?... pues los miles y miles de migrantes que no se hicieron censar en el lugar donde viven sino en las comunidades de las que son originarios.
El ejemplo más claro que yo conozco es del de mi municipio, Potosí. Apenas unos días antes del censo, los habitantes de Villa Victoria tomaron el edificio central de la Alcaldía exigiendo ejecución de obras en su zona y sólo lo desocuparon cuando obtuvieron compromisos en ese sentido. Cuando los encuestadores llegaron a esa zona, encontraron que la mayoría de las viviendas estaban vacías u ocupadas por una persona encargada de la custodia. Lo que informaron otros vecinos es que los habitantes de esas casas retornaron a sus comunidades para hacerse contar en esos lugares. Basándose en datos como el pago de impuestos, trámites de línea y nivel y otros, la Alcaldía de Potosí estimaba que los habitantes del municipio debían ser por lo menos 240.000. Los resultados oficiales del censo señalan que Potosí sólo tiene 189.652 habitantes. A la luz de esas cifras, la conclusión lógica es que unas 50.000 personas dejaron la capital de Departamento, esperaron a los encuestadores en sus comunidades y se hicieron contar en estas. En otras palabras, le mintieron al país y, sobre la base de esa gran mentira, amplificada por la cantidad de personas que hicieron lo mismo en otros Departamentos, ahora tenemos unas cifras poblacionales que no reflejan nuestra realidad poblacional.
Si el engaño fue protagonizado por los migrantes, ¿dónde está la culpa de los demás, de aquellos que nos hicimos contar en el lugar donde realmente vivimos? Nuestra culpa está en el hecho de asignar los recursos nacionales sobre la base de informes que se prestan a tergiversaciones. El dinero de los impuestos, ese que se agrupa en los “recursos de coparticipación tributaria”, se distribuye sobre la base de la población existente en cada punto del país. Si nosotros, los ciudadanos que nos limitamos a esperar a los encuestadores en nuestros domicilios legales, no inculcamos valores de veracidad en nuestros hijos, ¿cómo podemos reclamar a otros menos instruidos que no le mientan al país?
Los resultados oficiales del censo no sólo pusieron en evidencia la debilidad institucional de un Estado que no es capaz de recontar adecuadamente su población una vez cada diez años sino también la vulnerabilidad de nuestras familias, aquellas en los que los valores pesan cada vez menos y dan lugar a que nuestras sociedades acepten como válidos anti-valores como la mentira, el robo, la corrupción e incluso el homicidio. Quizás por eso ni siquiera somos capaces de bajar los elevados índices de seguridad ciudadana.