PROCESADOS. Fernando Vargas, Pedro Nuni y Adolfo Chávez.

POR SUPUESTAS AGRESIONES A GUMERCINDO PRADEL, QUE APOYÓ LA CARRETERA POR EL PARQUE

ONU pide definir proceso a tres indígenas del Tipnis

La Paz/Erbol y Sucre/CORREO DEL SUR

El representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Dennis Racicot, señaló que el Estado debe analizar y definir el caso de los líderes indígenas Fernando Vargas, Pedro Nuni y Adolfo Chávez, con orden de aprehensión por los tribunales benianos, es decir, si corresponde el proceso en su contra en la justicia ordinaria o indígena.
“Hay una necesidad de definir el tipo de situación en cuanto a las normas del derecho penal interno y como también el derecho de los pueblos indígenas, pero es una situación que necesita una descripción adecuada de los hechos y (los presuntos) delitos que se habrían cometido”, afirmó Racicot.
El 10 de julio, la Fiscalía de Beni expidió órdenes de aprehensión contra tres dirigentes, porque no se presentaron a declarar por supuestas agresiones al dirigente del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Gumercindo Pradel, en la localidad de San Pablo, del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Los acusados se resisten a comparecer ante la justicia ordinaria alegando su incompetencia en el caso. Nuni, Vargas y Chávez fueron responsabilizados por la supuesta agresión a Pradel, debido a que expresó su apoyo a la construcción de una vía por el corazón del TIPNIS. Este castigo se hizo –según ellos– de acuerdo a sus usos y costumbres y con el respaldo de la justicia comunitaria, reconocidos en los artículos 30, 199 al 201 de la CPE y los convenios internacionales.
Para el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el castigo al que fue subordinado el dirigente de Conisur, afín a las políticas del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), no es “correcto”, desde la perspectiva de los derechos humanos, sino que debía resolverse con tolerancia y respetando las diferencias.
Recordó también que la Carta Magna de Bolivia reconoce la justicia ordinaria y la “originaria campesina”; por tanto, se debe aplicar la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional, para definir si los tres dirigentes deben ser procesados por la vía ordinaria o comunitaria.
“Hay que tener una lectura adecuada a la situación en función al marco legal interno en estos momentos y eso debe definir la justicia nacional. Entonces, nosotros estamos a la expectativa de cómo evolucionan los distintos recursos”, acotó.

"Ley de marco de consulta atenta contra indígenas"

El ex constituyente Raúl Prada informó ayer, a través de su cuenta de Facebook, que las organizaciones indígenas del CONAMAQ, la APG, el CIDOB, el CIRABO, la CEPSC denunciaron que el anteproyecto de ley marco de consulta previa, que se discutió en un encuentro de organizaciones indígenas en la Casa Campestre de la ciudad de Cochabamba, atenta contra los derechos de los pueblos indígenas.
El encuentro, organizado por la Comisión Nacional para la Elaboración del Anteproyecto de la Ley Marco de Consulta Previa, no permitió el sano debate, según la denuncia.
“Las organizaciones legítimas asistieron con sus propios recursos para frenar esta ley marco de consulta que los expropia de sus territorios, que significa la muerte de las poblaciones y el avasallamiento de los derechos de cualquier boliviano. Pero no hay condiciones para debatir, no le dejan hablar ni al tata Felix Jiliri, de CONAMAQ. Obviamente, hay las organizaciones paralelas indígenas. Existe un ambiente tan tenso, con posibles agresiones, porque están sacando a la fuerza a los líderes indígenas legítimos de tierras altas y tierras bajas”, publicó Prada.