SURAZO

Acusados y tercos

Juan José Toro Montoya.- Justino Leaño Quispe era un ciudadano más de nuestro Estado dizque Plurinacional. Más allá de algún liderazgo que pudo haber tenido en su región, era un desconocido que ni siquiera ganó notoriedad cuando asumió como diputado suplente del Departamento de Potosí. Todo eso cambió cuando fue denunciado por violar repetidamente a su hija de 12 años. A partir de entonces, Leaño se hizo famoso: una foto de archivo suya aparecía regularmente en los medios, los periodistas hacían seguimiento de su caso… en fin… el hombre era noticia.
De inicio, el acusado fue tratado con una consideración que fue reprobada por la mayoría de la gente. En virtud al artículo 152 de la Constitución Política del Estado, no se le aplicó la detención preventiva y tampoco se le despojó de su condición de asambleísta plurinacional. Proclamando su inocencia, se negó a renunciar así que la Asamblea Legislativa Plurinacional debió recurrir al tecnicismo de las faltas continuas.
Ya sin inmunidad, el acusado fue encontrado culpable y condenado a 23 años de cárcel.
El caso de Leaño es uno más de los muchos en los que las personas que cometen delitos se amparan en sus cargos para evitar la acción de la justicia.
Aunque ya tiene una sentencia en contra, las leyes determinan que todavía no puede considerársele autor del delito que se le imputa porque todavía tiene la opción de apelar y, si pierde en segunda instancia, le queda el recurso de nulidad o casación. Debido a ello, y aunque esta vez sí lo encierren en la cárcel, todavía no se puede hablar de un acto de justicia. Sí… ya está sentenciado pero su sentencia todavía no está ejecutoriada así que se mantiene la presunción de inocencia.
Debido a la benignidad de algunas de nuestras leyes penales, los acusados de delitos pueden evadir la acción de la justicia dilatando sus procesos. Quizás por eso, otro asambleísta, uno de rango departamental, continúa aferrándose a su cargo. Este otro es Javier Humana, implicado en la supuesta violación de una funcionaria de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Chuquisaca. El acusado en este caso es Domingo Alcibia, que está detenido preventivamente, pero el que concentra la atención de la ciudadanía chuquisaqueña en estos días es su presunto cómplice.
Humana se benefició de medidas sustitutivas a la detención e intentó volver a su cargo. Su intento fue rechazado por las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres e incluso varios de sus colegas prefieren no sesionar cuando él está presente. El resultado de todo esto es que la ALD de Chuquisaca se queda frecuentemente sin quórum y no puede sesionar. El pedido de renuncia de Humana es mayoritario pero el asambleísta hace oídos sordos y perjudica a su región. Una vez más, la ley es insuficiente para este tipo de individuos.
Como la acusación contra Humana es de complicidad, la resolución judicial que se tome en torno a él es incierta. Puede que finalmente sea declarado inocente… puede que no. El hecho es que, mientras la maquinaria judicial continúa moviéndose con la lentitud que todos conocemos, Chuquisaca entera se perjudica porque su Asamblea Legislativa Departamental no puede sesionar.
Puede que Humana sea inocente… puede que no. El hecho es que, más allá de lo que digan las leyes, existe una repulsa generalizada contra él. En vez de emperrarse en su posición, tendría que mirar ejemplos próximos, como el de Leaño, y pedir licencia mientras la justicia diga su palabra.