PLUS ULTRA

Elefantiasis burocrática minera

José Guillermo Tórrez G. O..- La incertidumbre que se presenta con la larga espera de la nueva Ley Minera resume la gravedad por la que atraviesa este sector productivo tan importante en el país.
La nueva Constitución elimina de nuestra legislación el derecho concesionario minero al privar a los concesionarios los atributos de transferir o transmitir por sucesión hereditaria.
A nombre de recuperar todos los recursos naturales para el Estado, nos encontramos ante una situación que padece todo el estamento minero nacional --minería mediana, minería chica, comercializadores, etc.-- con el ingrediente de avasallamientos y toma de concesiones mineras por parte de comunarios, alzamientos armados en concesiones mineras, “juqueo” o robo de minerales, asesinatos de su personal, mientras no se vislumbra ninguna seguridad jurídica, que vaya a garantizar su desarrollo, eliminando todo derecho privado.
La creación de Comibol, como la gran minería, por parte del Estado, definió también la vigencia de la minería mediana y de los mineros chicos, convirtiéndose en los mejores cateadores y exploradores, hoy prácticamente excluidos como importante sector de este esquema.
Todo este panorama descrito de manera alguna es una exageración. Todo lo contrario, la realidad nos impone buscar por todos los medios un pacto social que todos queremos pero de ninguna manera un cambio que resulte un desastre.
Sin embargo, políticamente aparecen de manera irracional las cooperativas mineras. Se trata de mostrar las diferencias de lo que son estas formas de participación. Es definida como la forma de relaciones sociales en la producción y distribución, lo que determina la capacidad de la clase trabajadora para decidir directamente en forma autónoma, en todo lo referente a sus condiciones de trabajo y de vida. No es compatible con el sistema estatal de los medios de producción.
En nuestro medio, las cooperativas mineras son un problema tan enrevesado de definiciones que constantemente se confunden. No se logra establecer vínculos naturales entre el obrero cooperativista y el producto de su trabajo, sin derecho a educación, salud, seguridad social, convirtiéndose en la práctica en un negocio de cuatro vivos. Se limita a la participación de los trabajadores en las decisiones, sustentando el salario como objetivo fundamental, convirtiéndose en una hegemonía autoritaria personificada en los dirigentes, determinando poder absoluto y sin responsabilidad. La posibilidad de que los dirigentes puedan ser electos y después reelectos en forma permanente e indefinida se genera la formación de un poder enfeudado en manos de determinados intereses controlados por este sistema, generalmente vinculado a posiciones políticas, como el caso actual, singular forma que ha llegado a intolerables términos de dádivas, prebendas, clientelismos, en todos los gobiernos y hoy en votos.
El hecho es que Comibol es propiedad de la nación en su conjunto y, por lo tanto, su estrategia empresarial debe estar orientada a generar excedentes económicos y suprimir los déficits operativos de las unidades mineras.
El nuevo Código Minero, aún en preparación y estudio, en el marco de una política minera nacional, no puede dar preferencias impositivas a los cooperativistas, a las empresas de Comibol ni a los empresarios privados. Las leyes tienen que ser igual para todos y evitar los avasallamientos, y las exacerbaciones sindicales, de lo contrario aparecerá la nueva Comibol como una elefantiasis burocrática en la minería.