EDITORIAL

El problema no es Pinto

El Presidente del Estado debería exigir públicamente cuentas a los dignatarios responsables de este caso, y que asuman, como en Brasil, el costo de su negligencia

El traslado del asilado senador Róger Pinto a Brasil sin que obtenga el respectivo salvoconducto boliviano ha provocado un terremoto político en el vecino país, pues, de acuerdo a las informaciones que se van conociendo, ha habido un evidente rompimiento de la cadena de mando interno. Una vez comprobada esta situación, se ha exigido renuncias, anulado nombramientos e instruido procesos administrativos a los funcionarios involucrados, más allá de simples cambios de fusible.
Así, ha renunciado el ministro de Relaciones Exteriores y se ha anulado el nombramiento en un nuevo destino del aún embajador de Brasil en Bolivia, acciones que, de acuerdo a algunos entendidos, significaría la recuperación de la responsabilidad de la cancillería de ese país sobre las relaciones con Bolivia (y probablemente algunos otros países con similar ideología a la del Partido de los Trabajadores), hasta este hecho asignadas a un equipo eminentemente político.
En cambio y lamentablemente, en el país, tanto en el gobierno como en muchos sectores de la oposición política y regional, nuevamente se actúa con miras cortas tratando de fijar como objetivo del problema al senador Róger Pinto y, además, de buscar cómo deslindar responsabilidades en los diferentes niveles del Estado central boliviano. Fijación que, salvo la ineludible declaración del Ministro de Relaciones Exteriores exigiendo una explicación a Brasil por su acción, hace olvidar el agravio inferido por esa nación a Bolivia.
De hecho, pese a que luego de un momento de ofuscación parecía que sería reasumido por la Cancillería, lo cierto es que ya no sólo que otros dignatarios comentan sobre el tema, sino ahora hasta un ministro del Tribunal Supremo y la Fiscalía General lo hacen.
Así, se puede observar que mientras en Brasil se ha tomado en serio el escándalo, en Bolivia, hay que insistir, se trata de aprovechar el tema con fines sectarios, cuando lo correcto sería que los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores se despabilen y asuman las funciones que la Constitución les asigna. No se trata sólo de hacer el reclamo al gobierno de Brasil y exigir las satisfacciones del caso, sino iniciar una campaña internacional de información sobre el agravio recibido y exigir de gobiernos que se considera amigos un claro pronunciamiento al respecto.
En el plano interno, el Presidente del Estado debería exigir públicamente cuentas a los dignatarios que por sus atribuciones o por gestiones oficiosas estaban responsabilizados de este caso y que asuman, como en Brasil, el costo de su negligencia y comisión de sucesivos errores.
Seguir insistiendo en culpar al senador Pinto de todo el entuerto, como parece ser la política oficial, apoyada insensatamente por algunos de sus escribidores, hace perder las esperanzas en que de una experiencia tan dura como la que estamos viviendo, se aprenda algo y se rectifiquen errores, como sostener aún que el meollo de este caso es el senador Pinto, cuando es nuestra errática política internacional en la que muchos dignatarios quieren influir, rompiendo en forma recurrente toda cadena de mando con absoluta impunidad.