Renta Dignidad para todos

Roberto Laserna.- Cuando Sánchez de Lozada estableció el Bonosol o Bono de Solidaridad, en 1997, estuve entre quienes se opusieron a esa manera de distribuir dinero en efectivo. Hoy estoy entre los muchos que apoyan a su sucesora, la Renta Dignidad. No fue el discurso ni la ideología los que me cambiaron, sino la realidad.
En 1997 se pensó que el Bonosol era parte de una estrategia electoral que buscaba comprar votos mediante la entrega de dinero a los adultos mayores. Incluso en el mismo MNR muchos lo creyeron así y plantearon distribuir el dinero en sobres rosados o a través de libretas de ese color. El Presidente rechazó esas intenciones y mantuvo el Bonosol, al que consideraba una compensación a quienes habían contribuido a levantar las empresas estatales, y que posiblemente ya no podrían beneficiarse de los frutos de la capitalización.
En el año 2005 se percibía claramente el ascenso del estatismo, con su clásica fe en el industrialismo político. Para entonces ya se conocían algunas evaluaciones sobre el Bonosol así que las reunimos, conversamos con los autores y pedimos a otros colegas que completaran el análisis desde otras perspectivas. El resultado fue publicado del libro “La Inversión Prudente” que, con datos, demostraba que el dinero destinado al Bonosol era precisamente eso: una inversión administrada con prudencia por los adultos mayores.
Al poco tiempo, en vez de suprimir el Bonosol, el Presidente Evo Morales lo amplió a los mayores de 60 años, aunque cambiándole el nombre a Renta Dignidad, y modificando la fuente de financiamiento. Ha pasado nuevamente el tiempo y nos encontramos frente a una nueva evaluación, esta vez a cargo de un equipo técnico de alto nivel que trabajó para Udape sobre la base de una encuesta a más de mil hogares. El documento titula “El impacto de la renta Dignidad: política de redistribución de ingreso, consumo y reducción de la pobreza en hogares con personas adultas mayores” y estuvo a cargo de Federico Escóbar Loza, Sebastián Martínez y Joel Mendizábal.
Esta evaluación compara a dos grupos de hogares de similares características. En un grupo están los hogares que tienen por lo menos a un adulto mayor y el otro, de control, no lo tiene. Aplicando un método econométrico de regresiones discontinuas, se estima y cuantifica el impacto de la Renta Dignidad. Los resultados son sorprendentes. La Renta Dignidad se asocia a un aumento del ingreso y del consumo per cápita superiores al 15%, y a una disminución de más de 13 puntos porcentuales en la pobreza monetaria. No creo que exista ningún programa de gasto público que sea tan eficaz, por estos resultados, y también por la rapidez con que han sido alcanzados.
Para describirlo en otras palabras. Cuando un anciano recibe su Renta Dignidad de 140 bolivianos al mes, la familia recibe un impulso que le permite aumentar el consumo de cada uno de sus miembros en 154 bolivianos. Considerando que el tamaño promedio de los hogares es de 3,5 personas aproximadamente, el efecto multiplicador directo de la Renta Dignidad sería de casi 5 veces. Aunque el estudio de Udape no lo hace, podría deducirse que ese impacto positivo se disemina hacia el conjunto de la sociedad, pues esos mayores niveles de ingreso y consumo en los hogares con adultos mayores representan mayor demanda de bienes y servicios en todos los mercados, los que dan estímulo al crecimiento de la economía y el empleo.
Bastaría comparar estos resultados con los obtenidos con otras formas de gasto público para concluir que lo más inteligente y apropiado sería ampliar la Renta Dignidad de manera que alcance a más hogares en el país. Por ejemplo, podrían suspenderse los subsidios a los hidrocarburos y usar ese dinero para dar Renta Dignidad a todas las madres de familia, o a las mujeres mayores de 30 años. Ellas también sabrían hacer de esa renta una inversión prudente y muy rentable para el país.