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¿Responsabilidad por la función pública?

¿Responsabilidad por la función pública?

Zorro Yáñez Cortes.- Aunque la NCPE machaca con que [email protected] [email protected] públicos son responsables de sus acciones y omisiones y tienen obligación de rendir cuentas sobre sus responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública; a la vista de acontecimientos repetidos desde hace años y especialmente los últimos – Chaparina, Palmasola, Pinto, etc- sostengo que son otras normas que se acatan pero no se cumplen.
Me remito a la prueba: ¿Se acuerdan de aquel brasileño presentado –con todo el show acostumbrado- por el Ministro de Gobierno y el Comandante General de la Policía como autor del asesinato de una persona en Santa Cruz? Fue hasta detenido preventivamente y unos días después, los mismos terminaron presentando –con menos show- a otra persona como el autor del mismo hecho… ¿alguien se hizo responsable de ese abuso? Nadie, peor aquellos altos cargos… pretextaron que estaban muy presionados para –seguramente- mostrar algún “autor” a como de lugar. ¿Y la docena de presos del Corintians en Oruro? acusados de haber encendido una bengala que mató a un compatriota y supongo de encubrimiento o algo parecido (ya que fuera imposible que los 12 hayan encendido el artefacto) para luego de varios meses de encierro terminar reconociendo que el presunto autor era otra persona, que estaba libre en alguna playa del vecino país y al parecer ni investigado siquiera. Acaecida la tragedia de Palmasola –hasta hoy ya son 35 los fallecidos, incluyendo un niño, varios inocentes pues no tenían sentencia condenatoria ejecutoriada y hasta se dice que el padre del niño también muerto ya había cumplido su condena en febrero y seguía privado de libertad- nadie se hace responsable de la sistemática introducción de las armas de fuego que se usaron para esos hechos y peor, aunque todos lo saben, del cobro del “pasaporte” para ser trasladado de una sección peligrosa a otra en el interior del penal o el “seguro de vida” para garantizar la seguridad que el estado está obligado a brindarle a todo ciudadano, incluyendo a los reclusos que tiene encarcelados. Peor todavía, con el senador Pinto en Brasil luego de recorrer por tierra más de 1500 kilómetros dentro de Bolivia y los discursos –parece que habrá que construir urgente un muro de los lamentos plurinacional- en tono lastimero del oficialismo y presumiendo por supuesto su culpabilidad por los veintitantos procesos penales abiertos en su contra, cualquier mortal se preguntará: ¿sí el senador Pinto era más culpable que Judas como dicen, por qué no lo vigilaron entonces adecuadamente? ¿Dónde estaba el servicio de “inteligencia” del estado? O será que en este caso, como está saliendo en la prensa internacional, ¿la operación fue un montaje preparado ante la imposibilidad de resolver el entuerto por las vías respectivas? ¿Y los embajadores premiados para así evitar enfrentar sus responsabilidades?
Así las cosas, sostengo que la tan trillada responsabilidad de servidores y servidoras por el ejercicio de la función pública es otro cuento del tío del estado plurinacional, especialmente si los llamados a enfrentar esas responsabilidades son altos cargos que gozan del favor político o están en posición de devolver luego –con intereses- ciertos “favores”, aunque sí se trata de simples fusiles, deben cumplir con su función: inmolarse para proteger a los jefazos, que -por el momento- permanecen incombustibles.
Muy lejos queda entonces aquella historia de la responsabilidad por la función pública y peor el famoso discurso del caiga quien caiga, lo que gravita es la musculatura partidaria disponible para meterle nomás aunque sea delito y asegurarse luego impunidad, así sea a costa de aquello que advierte Harold Marmolejo Rojas: La impunidad es el primer síntoma de la conversión de un Estado en una corruptocracia (Sistema de gobierno donde impera la corrupción administrativa en casi todas las instituciones del Estado). ¿Será ese el destino del estado plurinacional?