EDITORIAL

Para que el silencio no otorgue

Como es por demás evidente, ante tan gravísimas afirmaciones, es inadmisible que el gobierno boliviano prolongue por más tiempo su pasiva actitud

Cuando todavía no terminaban de despejarse los muchos motivos de malestar que dejó la salida de nuestro país de Roger Pinto, con el consiguiente embrollo diplomático, el más reciente número de la revista Veja, la más importante e influyente de Brasil, ha vuelto a poner en muy serios aprietos al gobierno boliviano y a la política diplomática del gobierno de Dilma Rousseff hacia el régimen encabezado por Evo Morales.
“El embajador del narcoestado boliviano” titula el polémico artículo, y en él se expone ampliamente la hipótesis según la cual el principal motivo para lo que denomina “persecución política” al senador Pinto habría sido el dossier que entregó en Palacio Quemado con declaraciones escritas por agentes de inteligencia de la Policía Boliviana en las que se revela la participación de miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS) y funcionarios de alto nivel de su Gobierno en el narcotráfico, y se acusa al embajador Justiniano y a su hijo de tener vínculos directos con narcotraficantes.
Como es fácil recordar, no es la primera vez que la revista Veja se refiere al tema en similares términos. Ya en diciembre de 2009 publicó un amplio reportaje titulado “Coca para él, cocaína para nosotros”, en referencia a Evo Morales. Antes, en 2006, la misma revista publicó un reportaje en el que identificaba a un muy alto funcionario del gobierno boliviano como miembro de un clan involucrado en el crimen organizado alrededor del tráfico de cocaína.
Más recientemente, en julio de 2012, en un artículo titulado “Bolivia: La República de la cocaína”, publicó gravísimas acusaciones sobre supuestos vínculos de altos miembros de la jerarquía gubernamental boliviana y traficantes de drogas.
Como no podía ser de otro modo, dada la enorme magnitud de tales afirmaciones, el gobierno boliviano anunció su decisión de adoptar las más drásticas medidas para exigir que la revista Veja sufra las consecuencias de haber incurrido en lo que, según su versión, no era más que una infamia, una publicación calumniosa y difamatoria. Para cumplir sus advertencias, anunció la contratación de un consorcio de abogados y al designar a un prestigioso abogado cruceño, el Dr. Jerjes Talavera como embajador en Brasilia, le asignó como máxima prioridad de su misión llevar adelante los juicios contra la revista hasta obtener la reparación correspondiente.
Catorce meses han transcurrido desde entonces sin que se haya sabido de alguna gestión seria en resguardo de la imagen no sólo del Presidente Evo Morales, su gobierno, sus principales colaboradores y, lo más importante, de todo nuestro país, como correspondía dada la gravedad de las sindicaciones. Lejos de ello, Veja no sólo que ha ratificado en todos sus términos el contenido de “La República de la cocaína”, sino que ha calificado al embajador enviado para enjuiciarla como “El embajador del narcoestado boliviano”.
Como es por demás evidente, ante tan gravísimas afirmaciones es absoluta y totalmente inadmisible que el gobierno boliviano prolongue por más tiempo su pasiva actitud. Amenazas de juicio, por lo repetidas que ya son, y por no haber sido nunca respaldadas por hechos, ya no son suficientes.