EDITORIAL

Cárceles, entre las intenciones y los hechos

Mientras la atención se dirija sólo a los síntomas del mal y no a sus causas últimas, no será posible desactivar la violencia latente en las cárceles del país

Como directa consecuencia de los extremos a los que llegó en el penal de Palmasola, hace algo más de una semana, la explosión de la crisis del sistema penitenciario nacional, los representantes de los tres niveles de Gobierno (nacional, departamental y municipal) se han reunido para afrontar tan grave problema de manera conjunta y coordinada, como corresponde.
Tras lo ocurrido en la principal cárcel cruceña, y con la muy grande cantidad de señales de alarma que durante los últimos meses se fueron activando en todas las cárceles del país, las expectativas que antecedieron la realización del encuentro denominado “Por una restructuración del Régimen Penitenciario” fueron muchas. Se esperaba que de él surgieran iniciativas muy prácticas y concretas, de modo que de una vez se cruce la línea que separa las buenas intenciones de los hechos.
Los resultados, lamentablemente, no fueron los esperados. O por lo menos no los suficientes para demostrarle al país, más allá de toda duda, que el impacto causado por la matanza de Palmasola fue suficiente para marcar un punto de inflexión e iniciar un ataque contra las causas últimas del problema y no sólo contra sus manifestaciones más externas.
Lejos de ello, las tres comisiones entre las que se dividieron las tareas se dedicaron a intercambiar ideas sobre la necesidad de introducir cambios en la legislación penitenciaria; a plantear propuestas para acabar con la retardación de justicia y a proponer inversiones en infraestructura, tecnología y servicios para el sistema penitenciario del país. Nada nuevo ni original, nada que no se haya dicho ya un sinfín de veces durante los últimos años y décadas.
Tampoco fue suficiente para darles un aspecto de eficiencia práctica a las reflexiones la elaboración de una ampulosa agenda de más de 100 tareas que, pese a lo importantes que son, distan mucho de llegar al meollo del asunto. La decisión de construir por lo menos diez nuevos “espacios cerrados” entre cárceles y centros de rehabilitación de drogodependientes, por ejemplo, o la reapertura de la ex Granja de Espejos en Santa Cruz, pueden servir para paliar en algo los síntomas del problema, pero de ningún modo llegan a incidir en las causas últimas del mal.
El sólo hecho de que nada serio se haya dicho –y mucho menos hecho– sobre el estado de descomposición extrema al que ha llegado la Policía Boliviana, en cuyas filas campea la ineficiencia y la corrupción –lo que explica en cierta medida la dramática realidad carcelaria de nuestro país– es muy elocuente al respecto.
Más notable aún resulta la brecha entre las declaraciones de buenas intenciones y los hechos si se considera que mientras las máximas autoridades debatían sobre el tema, los reclusos de Patacamaya iniciaban un conato de motín exigiendo que se les haga llegar algo de comida y que se instalen duchas.
Por eso, y sin poner en duda la importancia de las 100 tareas asignadas, vale la pena insistir en la urgente necesidad de pasar de las intenciones a los hechos en campos tan importantes como la depuración de la Policía Boliviana y la restauración de las bases institucionales del sistema judicial de nuestro país. Mientras eso no ocurra, nadie deberá sorprenderse si la bomba de tiempo se mantiene activada.