SURAZO

¿Transparencia u ocultación?

Juan José Toro Montoya.- Durante las dictaduras, obtener información de las empresas públicas era poco menos que imposible por una razón: la mayoría de los funcionarios estatales, particularmente los jerarcas, estaban delinquiendo. Si las dictaduras eran, de hecho, gobiernos ilegales, entonces todo lo que hacían estaba revestido de ilegalidad. Y, como todos sabemos, durante las dictaduras no sólo se robó el dinero del Estado en grandes cantidades sino que, además, se cometieron delitos contra las personas como torturas, asesinatos y masacres. ¿Quedaron pruebas de sus crímenes?... Sí. No importa cuán ilegal sea un régimen, siempre deja huella y era por eso que, cuando había cambio de Gobierno, una de las primeras tareas era desaparecer la documentación comprometedora.
Empero, el fuego no puede devorarlo todo cuando la documentación está dispersa y, pese a los esfuerzos de los gobernantes, un investigador paciente y acucioso puede encontrar las huellas salvadas de la destrucción. Ése fue, por ejemplo, el caso del periodista Antonio Miranda quien tuvo acceso a pruebas del contrato privado que la junta de comandantes de la dictadura garciamecista suscribió con la empresa brasileña Rummy Ltda. para la explotación de las piedras semipreciosas de La Gaiba. Pocos conocen la historia detrás de esa investigación, que se publicó en el periódico “Meridiano”, pero más saben que los documentos fueron obtenidos a través de funcionarios públicos.
Y es que durante las dictaduras no hubo una ley que prohibía que los funcionarios públicos proporcionaran documentación. En contrapartida, tampoco había leyes que facilitaran el acceso a la información. Debido a ello, los periodistas tenían que valerse de diversos medios para obtener documentos. Llegó un momento en que pesó más la conciencia y los informadores se autorregularon. Así, el Artículo 5 del Código de Ética de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia señala con claridad que “para obtener noticias, fotografías, imágenes o documentos, los periodistas solamente podrán usar medios que sean justos, honestos y razonables”.
Pero resulta que ahora estamos a punto de dar pasos atrás.
Contrariamente a lo que su nombre indica, el Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública contiene una serie de disposiciones que, en lugar de facilitar el trabajo de la prensa, lo complica en demasía y, por el contrario, evita que los periodistas consigan informes de fuentes estatales.
Más allá de procedimientos engorrosos establecidos en varias partes del proyecto, el Artículo 42 es sumamente restrictivo cuando establece que “la información será de público acceso” pero estableciendo excepciones como “la referida a acciones estratégicas sobre recursos naturales” o “información respecto a estudios de impacto ambiental”. También se da opción a que los cuatro órganos del Estado –Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral–, la Procuraduría General del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana califiquen “otro tipo de información como reservada”; es decir, si les parece, pueden decidir no dar informes que califiquen como “reservados”. Sí… se propone un procedimiento previo pero éste empeora las cosas porque deja pasar el tiempo y permite que el hecho envejezca, así sea sólo unos días, y se sacrifica el criterio de oportunidad que es elemental en un trabajo periodístico.
Analizar el contenido del proyecto requiere un mayor espacio y, como esta columna no dispone de tal, baste decir que, por lo visto y discutido hasta hoy, es obvio que, si se promulga, una ley así no facilitaría ni transparentaría nada sino que, por el contrario, ayudaría a ocultar lo que hace el Gobierno. ¿Será ese el disimulado objetivo del proyecto de ley? Mientras esperamos que el tiempo nos permita una respuesta, es obvio que, en materia de prensa, estamos retrocediendo a una situación peor que la de las dictaduras.