EDITORIAL

Nuevamente la Policía

Como se ve, es muy alto el precio que nuestro país debe pagar por la falta de la voluntad necesaria para llevar a cabo la urgente y radical reforma de la institución policial

Una vez más, la ciudadanía ha tenido que soportar la noticia de que un oficial de alto rango de la Policía haya sido detenido por cometer, en flagrancia, un acto de corrupción, esta vez intentando extorsionar a un empresario que reside en Miami y que tiene en el país procesos en su contra.
De inmediato, vienen a la memoria casos como el de Valencia, Sanabria, la ejecución del grupo Rózsa, la violencia desatada en Palmasola y una sucesión de polémicos hechos en los que efectivos de diversos rangos de la Policía están involucrados, y que dan cuenta de la profunda crisis que afecta a esta institución que tiene como misión constitucional nada menos que la “defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano”.
Se trata de un problema complejo que no es de ahora, pero que, como pocas veces antes, ahora sí se podía aplicar una profunda reforma que la libre de los factores que hacen que se debiliten, en forma masiva, principios ético-morales básicos para ejercer una misión como la que la Policía tiene. Cada gestión gubernamental, desde la recuperación de la democracia en 1982, ha tratado de aplicar algún plan de reforma que ha terminado en el fracaso debido a la fuerza en sí que tiene esta corporación y a la debilidad del Estado para poderla sujetar a normas transparentes.
Como consecuencia de esa serie de programas frustrados, se instruyó la realización de un diagnóstico integral de la entidad cuya coordinación fue encomendada a Naciones Unidas. Así, el actual Gobierno, a diferencia de sus predecesores, contó con un apoyo importante y sobre el cual, además, había algún grado de consenso interno.
Lamentablemente, el Gobierno optó por el fácil recurso de evitar indisponerse con la Policía y más bien ha dado la impresión de que se ha aprovechado de esas debilidades para hacer que ésta se convierta también en un instrumento a su servicio. Es decir, habría primado un toma y daca que explica, a guisa de ejemplo, que el policía que fungía como jefe de inteligencia en la lucha contra el narcotráfico fuera arrestado en Chile tratando de exportar cocaína a EEUU o que el extorsionador descubierto en Miami fuera jefe de la unidad de anticorrupción de la Policía, y que hayan trabajado con importantes autoridades del Gobierno como gente de confianza.
Pero ese modus vivendi debe terminar y el Gobierno debe reformar la Policía, haciéndolo con visión de país y no de intereses particulares, con el convencimiento de que el mejor servicio que la Policía puede hacer a los inquilinos del Palacio de Gobierno es cumplir la misión que la Constitución le da. Mientras estas dos condiciones no se cumplan, con seguridad la población seguirá conociendo noticias como la que se comenta, que no hacen sino ahondar el estado de anomia que se extiende en la sociedad dejando inerme al ciudadano que no tiene en quién confiar su propia seguridad.
Esa es la dimensión de la crisis que se comenta.