PLUS ULTRA

La Ley de Bancos y la minería

José Guillermo Tórrez .- Desde 1985 hasta hoy, la minería como sector productivo está proscrita, es decir echar a uno del territorio de su patria en el sistema bancario nacional, sin posibilidad alguna de crédito; es más, se dedicaron simplemente a fortalecer sus economías con sectores como la construcción y el comercio, especulación, etc.
Es necesario recordar en la historia que la corona inglesa a principios del siglo XX, decidió establecer actividades del Banco Inglés en todas las capitales de Sudamérica. Fue don Simón I. Patiño que se impuso ante esa medida para traer él, el Banco Inglés a Bolivia con el nombre del Banco Mercantil de Bolivia. Claramente don Simón I. Patiño era minero.
Como nunca en la historia, el sistema financiero nacional ha ganado en estos últimos siete años más de mil millones de dólares y no por políticas de fomento al sector productivo como la minería, sino en base a una serie de ventajas, como el diferencial del cambio de dólares con relación al boliviano, por ejemplo.
Será posible que en la reglamentación de la ley de Servicios del Sistema Financiero Nacional, recientemente promulgada, de la misma manera se puedan establecer medidas conducentes a terminar con la injusticia a empresas, hombres y mujeres, más de cuatrocientas mil, económicamente activas, y mayoritariamente como desaparecidas, prácticamente con muerte civil, con esa ingeniosa central de riesgos como si fuera la lista de Schindler. ¿Se podrá reivindicar a toda esa población, simplemente como dice la ley, que después de cinco años todo esto prescribe?
¿Será posible obtener algo que pueda tener un hálito de esperanza ante esta medida que nadie ha denunciado hasta hoy? ¿Será posible cambiar las cosas, dictando una amnistía crediticia y modificar la regulación financiera donde se establezca claramente una política que fomente al sector minero metalúrgico?
Sin embargo, de todo lo puntualizado en este análisis, se debe aclarar con precisión que aquí tampoco es cuestión de defender a muchos aprovechadores, deudores morosos y estafadores privados, que por cierto existen y en gran cantidad y de la misma manera no reconocer que hay también algunas medidas bien hechas y disposiciones legales positivas, pues nada es absoluto.
Allá en las décadas de los años ochenta y noventa, se determinó el cierre o la liquidación de 13 bancos privados y cuatro estatales, bajo el pretexto que no podía ponerse en riesgo los depósitos y ahorros de particulares, se tenía que plantear una política de escarmiento llevando a la cárcel a los responsables de estos bancos, todos de cuello blanco. El Estado, mediante el Banco Central, y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero FINDESIF fueron los que pagaron el pato y no los banqueros. Y apareció la ley draconiana No. 1760; a partir de esa etapa era necesario implementar la corrida patrimonial obligatoria donde la persona o la empresa que había caído en las garras de ese sistema financiero nacional no tenía otra opción que entregar su patrimonio: casa, departamento, propiedades, industrias, edificios y todo lo que sea posible, a precios evaluados por ellos mismo, dejando a miles de bolivianos en la calle sin tener ninguna posibilidad de seguir trabajando por falta de una política acorde con la profunda crisis, que no era pues desaceleración, sino falta de refinanciamiento y fomento que no existió en ningún momento.