EDITORIAL

YPFB al borde de la desesperación

Todo parece indicar que YPFB está cayendo en una especie de desesperación en su afán de atraer las inversiones que fueron ahuyentadas en 2006

La sorpresiva propuesta hecha pública hace un par de días por el presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, ante el directorio de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) en la Alcaldía de La Paz, de diferir hasta por cinco años el pago de regalías y del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que se generaría a partir de nuevos campos, ha sido recibida con expresiones de alarma entre quienes más conocen sobre la realidad hidrocarburífera de nuestro país.
En efecto, y confirmando que no eran de ningún modo exageradas las más pesimistas previsiones que durante los últimos meses se hicieron sobre los alarmantes extremos a los que está llegando la parálisis de las actividades exploratorias de nuevos campos, la intención expuesta da a entender que una especie de desesperación está apoderándose de los ánimos de quienes tienen en sus manos la administración del sector. Y no podía ser de otro modo, pues las semanas, los meses y los años continúan transcurriendo sin que se vislumbre la posibilidad de que las empresas petroleras vuelvan a invertir en nuestro país.
De nada ha servido hasta ahora ninguna de las imaginativas fórmulas ideadas para “incentivar” a las petroleras privadas para que se animen a invertir en el país y de esta manera se garantice la producción y explotación de estos recursos. De nada ha valido la oferta de agilizar la firma de contratos petroleros en las diferentes instancias, ni abolir las restricciones que limitan las actividades exploratorias en áreas protegidas.
Las generosas ofertas hechas para multiplicar las ventajas y expectativas de beneficios, sobre todo para los campos pequeños y medianos a través de mejorar la renta petrolera de los inversores, pasando incluso por encima de la distribución establecida por las leyes vigentes y la Constitución Política del Estado, tampoco han sido suficientes.
Yendo más lejos aún, en lo que viene a ser toda una vulneración tanto del espíritu como de la letra de las normas promulgadas a partir de la “nacionalización” de 2006, se propuso reconocer parte de las inversiones de exploración, sobre todo la parte de sísmica y geología y elaborar para el efecto nuevos modelos de contratos de operación.
Ninguna de esas fórmulas logró su cometido, pues pese a lo generosas que son –tanto que ningún funcionario de los regímenes “neoliberales” se hubiera atrevido a tanto– las empresas se mantienen tan renuentes como desde mayo de 2006 a arriesgar sus capitales en nuestro país. Y eso es muy grave, pues como no se cansan de advertir los expertos en la materia, si no se reponen los inventarios de reservas, para lo que son indispensables grandes inversiones, se corre el riesgo de que en un futuro no lejano Bolivia no sea capaz de cumplir sus contratos con Brasil y Argentina y mucho menos renovarlos en términos tan favorables como los actuales.
Previendo tan desalentador panorama, son muchos los analistas del tema que han recomendado con insistencia que el gobierno no caiga en la desesperación y opte más bien por reconocer que son más los defectos que las cualidades de la legislación actualmente vigente y que actúe en consecuencia.