EDITORIAL

Indulto, buen paliativo pero ninguna solución

Si bien el decreto presidencial alivia en algo el problema, no debe olvidarse que ese es sólo una consecuencia y no la causa del mal

La aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en su sesión del pasado lunes, del Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía por causas humanitarias a favor de personas privadas de libertad, ha sido recibido en el país con expresiones de aprobación pero también, y no por restar valor e importancia a la disposición presidencial, con cierta dosis de desencanto y escepticismo.
La aprobación se justifica por el hecho de que hacía ya mucho tiempo que se espera una medida verdaderamente eficaz para paliar en algo los extremos de irracionalidad a los que se ha llegado en el sistema carcelario boliviano.
La complacencia, sin embargo, no debe ocasionar que se pierda de vista la dimensión más ampla del problema, cuyas causas son las que en verdad requieren atención urgente. Se trata, como ya se ha dicho, de algo que esta mucho más allá del alcance de la circunstancial benevolencia presidencial. Por eso, si bien es plausible la buena intención de aliviar el problema del hacinamiento carcelario, debe quedar claro que ese mal es sólo una consecuencia, y ni siquiera la única ni la peor, de un problema mucho más serio que es la debacle en la que está sumido el sistema judicial de nuestro país.
Para afrontarlo, la primera condición indispensable es que quienes tienen en sus manos la obligación y la posibilidad de hacer algo al respecto, lo reconozcan. Y con una mirada autocrítica, tan severa como la que las circunstancias exigen, asuman la cuota de responsabilidad que les corresponde y actúen en consecuencia.
En el caso que nos ocupa, no es admisible que el gobierno nacional eluda su responsabilidad, como lo hace con frecuencia, enrostrándole al país el principio constitucional relativo a la independencia de los poderes y la supuesta autonomía del Órgano Judicial. Y no puede ni debe hacerlo, porque durante los siete años transcurridos desde que se inició la actual gestión gubernamental han sido demasiadas las pruebas de que tal argumento no es cierto, independientemente de lo que diga la letra muerta de la ley.
Es evidente, por ejemplo, que, si se va más allá de las manifestaciones externas –los síntomas– del problema que comentamos, se podrá identificar a la Fiscalía, y a todas las instancias que de ella dependen, como el primer escollo que entorpece el buen avance de los procesos investigativos. Y eso ocurre, si no totalmente, por lo menos parcialmente por el esmero con que el actual gobierno ha rebajado a ese órgano a la condición de apéndice puesto al servicio de sus propios intereses más que de los de la sociedad en cuyo nombre actúa.
La franca y abierta intención de someter a todo el Órgano Judicial, llegando al extremo de electoralizar la elección de sus máximas autoridades, es otro ejemplo de lo dicho. La estrechez de los presupuestos asignados a este rubro, la destrucción del concepto de meritocracia para sustituirlo por el servilismo, y en fin, muchos males que se agravan con cada día que pasa, son los que en verdad requieren muestras de voluntad política. Mientras eso no se vea, y con el argumento de que peor es nada, habrá que dar por buenos decretos presidenciales como el recién aprobado.