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Hidrocarburos: El problema es el Gobierno
Hidrocarburos: El problema es el Gobierno
J. Lizandro Coca Olmos.- Desde hace algún tiempo, y fruto de las nada alentadoras previsiones referidas al agotamiento de nuestras reservas gasíferas, Bolivia y su Gobierno han flexibilizado, inclusive por encima de las propias leyes, las condiciones de inversión para exploración de hidrocarburos para las empresas extranjeras.
El presidente Morales ha llegado incluso a ofrecer que las iniciativas de exploración en parques nacionales y reservas ecológicas prescindan de los engorrosos estudios ambientales y afines (violando la ley para variar), con el propósito de atraer inversión fácil y rápida para evitar la inminente crisis de hidrocarburos.
Por lo mismo, la propuesta de Ley de "Acceso a la Información", entre sus muchas restricciones (al acceso información... paradójico ¿verdad?) contemplaba temas ambientales, empresas públicas y proyectos sobre recursos naturales. Es decir, que no se pudiera difundir información referida a estos temas, individuales o en conjunto, para, seguramente, hacer concesiones a diestra y siniestra destruyendo el medio ambiente, sin que los ciudadanos o la prensa podamos denunciar/difundir/informar sobre aquellos hechos.
Bien, el problema es que a pesar de todos esos ofrecimientos, las empresas extranjeras no se animan a invertir en Bolivia, prueba de ello es la desesperada propuesta de Carlos Villegas de diferir los recursos por hidrocarburos para las regiones, por cinco años, en un intento de capitalizar a YPFB sin quitarle dinero al centralismo pero sí a los organismos autónomos.
El error de las soluciones planteadas por el Gobierno adolece de una falla en el enfoque. No es sólo que las empresas extranjeras requieran de incentivos para invertir en Bolivia, sino que ningún incentivo va a ser suficiente si el interlocutor ha demostrado ser absolutamente irrespetuoso y variable a la hora de respetar las inversiones.
Es decir, que el problema no son los incentivos, sino quién los está ofreciendo. El carácter del Gobierno boliviano ha enseñado a los inversionistas que ni las leyes (que se cambian con un levantar de manos de la displicente mayoría oficialista), ni la Constitución (se vio en la re-reelección), ni la palabra empeñada son garantía alguna de que un acuerdo se mantendrá en el tiempo y en las condiciones previstas.
Cuando uno sabe que se sienta en la mesa a negociar con un estafador, no está dispuesto a asumir ningún riesgo, por muy atractivas que sean las condiciones del negocio que éste ofrece.
Esto me lleva a concluir que el estado de las inversiones en hidrocarburos cambiará solamente cuando cambie el interlocutor doméstico. En otras palabras, este Gobierno ya no puede arreglar su imagen y venderse como promotor respetuoso de las inversiones porque nadie se lo creería, será otro Gobierno el que asuma el desafío de recuperar la credibilidad de Bolivia como un país serio y atractivo para invertir.
Cuando eso ocurra, los acuerdos deberán realizarse en términos que viabilicen a Bolivia como tierra para hacer negocios, pero que también incrementen el potencial de crecimiento y generación de empleo y ganancias para el ciudadano común, puesto que sólo así la inversión nacional y extranjera será vista con buenos ojos.
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