EDITORIAL

Otra oportunidad perdida

La política exterior del gobierno actual, como se ha podido ver una vez más, sólo tiene éxito en el campo pequeño y de frustrado derrotero de la ALBA

El artículo 267 de la Constitución Política del Estado señala que “el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo” y que la “solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano”.
Así, se infiere que si hay una política de Estado que debe merecer especial atención y tener la debida prioridad es la que pueda permitir recuperar una salida soberana al Pacífico. Es, además, tan profundo este sentimiento que no hay gobierno que no haya intentado acercarnos a ese objetivo. Se han desplegado, en forma permanente, iniciativas que han fracasado tanto por la tozudez chilena de no entender la justeza de la demanda boliviana ni comprender que alcanzando un acuerdo en este campo los dos pueblos se beneficiarían ampliamente, como por la debilidad de muchos gobiernos nacionales de caer en la tentación de utilizar este tema en función a sus intereses políticos internos.
Por otro lado, la población, pese a las sucesivas frustraciones, recupera esperanzas cuando aparecen nuevas acciones gubernamentales dirigidas a obtener una salida al mar. Este es el caso del actual gobierno que, pese a haber variado en dos oportunidades su estrategia, ha recibido un amplio respaldo popular, al punto que la última, recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ha sido respaldada por la ciudadanía, incluso sin conocer a fondo su contenido.
Con esos antecedentes, si el país tuviera una política internacional integrada, toda nuestra actuación en el campo internacional debería estar diseñada en función al objetivo mayor de recuperar una salida soberana al Pacifico. Sin embargo, la falta de un Ministerio de Relaciones Exteriores con personal profesional y peso político hace que en forma sistemática, y en función a intereses ideológico-sectarios circunstanciales, se desaprovechen foros y oportunidades de crear alianzas y adhesiones para alcanzar el objetivo mayor. Y esto es lo que ha sucedido en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que el país ha puesto en un segundo plano de interés nuestra reivindicación dando prioridad a temas de política internacional.
Para pocos –y, lamentablemente, entre esos pocos parecen estar nuestras autoridades– es desconocida la influencia que tienen las naciones del mundo desarrollado para legitimar nuestra demanda marítima ni, a lo largo de nuestra historia, los países que siempre la han apoyado. El tono confrontacional utilizado por el Primer Mandatario en esta Asamblea y su inclinación hacia gobiernos que el mundo en general repudia por su vocación autoritaria y violatoria de los derechos humanos, podrían hacer que cualquier buena predisposición hacia la demanda nacional ceda, afectando, hay que insistir, la estrategia diseñada por el propio gobierno como el mejor camino hacia el mar.
Se trata, en definitiva, de una concepción de las relaciones internacionales muy sui generis que, como se puede observar, sólo tiene éxito en el campo pequeño y de frustrado derrotero de la ALBA.