EDITORIAL

Del reino de la sinrazón al del diálogo

Es necesario que el país ingrese en un tiempo de sinceramiento para que antes de que sea tarde se desplieguen esfuerzos dirigidos a crear escenarios de diálogo y acuerdo

La reacción a la propuesta del Tribunal Supremo Electoral para definir el número de curules a ser asignados a cada departamento en función a su población, da muestra de que la gente vive en un estado de “doble personalidad consistente en un trastorno disociativo de la identidad del "yo" por el cual una persona posee dos personalidades distintas; es decir, tiene dos formas de ser diferentes”.
Si se revisan las encuestas de opinión política o análisis políticos, la imagen de los senadores y diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (como del antes llamado Parlamento) no puede ser peor, así como la evaluación que hace la gente sobre la labor, sean del oficialismo o de la oposición. Entre ellos mismos se denigran sin compasión y no faltan aquellas voces autoritarias (tan semejantes a las que emitían los voceros de los regímenes dictatoriales militares) que afirman que para nada sirve el Parlamento, salvo para provocar gastos al Estado.
Entre los cuestionadores más duros se encuentran los comités cívicos que, autoidentificados con los intereses del pueblo, creen incluso que su representatividad –que no nace del voto popular— es más legítima que la de los legisladores.
Pero, a la hora de definir cuántos diputados tendrá un departamento y si éste no aumenta y, peor, si se reduce el número, todos quienes critican a los parlamentarios y a la institucionalidad parlamentaria se convierten en defensores radicales del número de sus representantes como si el desarrollo del departamento dependiera de éste.
Es difícil explicar esta situación. Serios estudios sostienen que contar con 130 diputados es más que suficiente; es decir, hay un excesivo número de legisladores en relación a la población, lo que se explica sólo porque siempre ha primado –lo que parece racional— un sentido de justicia con los departamentos menos poblados, de manera que tengan una voz para hacer conocer su situación.
Ahora, como norma la Constitución, se propone la nueva asignación de curules sobre los resultados del último Censo Nacional de Población y Vivienda, y más allá de que estos resultados están en discusión lo que corresponde es debatir si la propuesta es técnicamente suficiente o requiere de mayor perfeccionamiento, no emitir amenazas ni exigir demandas injustificadas.
En ese escenario, empero, bien haría el gobierno en reconocer una serie de traspiés producto de su incapacidad de dialogar. Se le ha advertido, desde varios flancos, que la realización de un mal Censo, como el del año pasado, puede provocar una serie de enfrentamientos porque sus resultados afectan, fundamentalmente, la redistribución de la riqueza y la representación política, ambos, temas de potencial conflicto en sí mismos.
Y en ninguno de los casos el gobierno está actuando racionalmente, lo que se une, como señalamos, a la sinrazón de reclamar por algo que no se respeta.
Es pues necesario que el país ingrese en un tiempo de sinceramiento para que antes de que sea tarde se desplieguen esfuerzos dirigidos a crear escenarios de diálogo y acuerdo, antes que de imposición y provocación, ingredientes básicos del enfrentamiento.