EDITORIAL

Una movilización sin brújula

Antes de una movilización de esta naturaleza, se debió proponer al país una fórmula basada en argumentos técnicos, legales y geopolíticos que no ahonden las actuales asimetrías regionales y garanticen, más bien, un necesario equilibrio y armonía en la inevitable redistribución de escaños parlamentarios

Además de intentar resucitar a una que otra autoridad y/o dirigente político naufragado en el fracaso de su gestión pública, o de pretender fabricar algún proyecto de candidatura futura, el paro cívico realizado ayer, en Chuquisaca, no es sino la expresión más evidente de la total desorientación de un liderazgo regional sin brújula ni visión.
Con la consigna de no permitir la reducción de un escaño a la actual representación parlamentaria, y la demanda –tan irreflexiva como peligrosa– de una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) para evitarlo, el Departamento paró un día después de que Potosí y Beni cumplieran medidas similares por la misma causa.
¿Para qué se pretende exigir una reforma constitucional? ¿Para que la Cámara de Diputados tenga más escaños y los departamentos con mayor población aumenten su número de representantes? ¿No se han puesto a pensar, acaso, que una solución de esa naturaleza reducirá, de todas maneras, la participación porcentual de los departamentos que, por efecto del último Censo Nacional, deberían mermar su actual representación?
Lo que están pidiendo los dirigentes chuquisaqueños –notoriamente influenciados por criterios preelectorales– equivale, en los hechos, a aumentar el número de empleados políticos (parlamentarios), y a reducir de todas maneras la representación proporcional de los departamentos afectados por la reasignación de escaños: Chuquisaca, Potosí y Beni.
Al parecer, como CODEINCA asumió, hace bastante tiempo ya, una posición abiertamente alineada a los intereses del esquema gobernante, no tuvo más opción que reaparecer en este caso para no hacer el ridículo frente a sus pares de Potosí y Beni, o ante una movilización que, extrañamente, fue convocada inicialmente por el Alcalde de Sucre. Y la confirmación de lo antes señalado la ofreció el propio Gobernador del Departamento, al anunciar que esa institución acataría el paro cívico porque no es un paro contra el Gobierno.
Era previsible, como está sucediendo ahora, que el conflicto degenere en un concurso de protagonismos: que la dirigencia alineada al oficialismo intente, por un lado, apelar al Gobierno para buscar salidas decorosas para el MAS; y que la oposición, aglutinada en torno al ejecutivo municipal, busque radicalizar la protesta con afanes eminentemente electoralistas.
Antes de convocar a una movilización de esta naturaleza, se debió debatir y proponer al país una fórmula basada en argumentos técnicos, legales y geopolíticos que no ahonden las actuales asimetrías regionales y garanticen, más bien, un necesario equilibrio y armonía en la inminente redistribución de escaños parlamentarios.
Podría plantearse, por ejemplo, un techo máximo de la cantidad de representantes en los departamentos más poblados que evite otra disminución de escaños en aquellas regiones cada vez más deprimidas y empobrecidas de Bolivia.
Chuquisaca tiene el pleno derecho de movilizarse, pero las energías morales de una población deben ser convocadas siempre y cuando el propósito de esa movilización responda a una causa principal y se sustente en argumentos sólidos y no en toda clase de intereses o cálculos sectarios.
Es hora, pues, de reflexionar seriamente sobre el rol que juegan y deben jugar los dirigentes departamentales en las legítimas reivindicaciones regionales. Pero es hora, también, de repensar la forma en la que Chuquisaca debe hacerse oír sin empobrecerse más.