El asunto, que por su propia naturaleza ya venía cargado de un potencial conflictivo muy grande, fue agravado por la falta de confianza que inspiraron los resultados del Censo 2012

Tal como era de prever, y como no podía ser de otra manera dada la plena vigencia de la Constitución Política del Estado y la inexistencia de propuestas alternativas, cualquiera de las cuales hubiera tenido que tener como punto de partida un proyecto de reforma del texto constitucional, el Órgano Legislativo ha sancionado la Ley de Redistribución de Escaños parlamentarios sobre la base de la propuesta elaborada y presentada por el Tribunal Electoral. Y como también era previsible, tal resolución ha sido adoptada en medio de las protestas de los departamentos que perdieron escaños (Chuquisaca, Potosí y Beni) y también, aunque en menor medida, de las de los departamentos que según sus previsiones debieron recibir más miembros para su futura bancada parlamentaria.
El asunto, que por su propia naturaleza ya venía cargado de un potencial conflictivo muy grande, fue agravado por la falta de confianza que inspiraron los resultados del Censo 2012, cuyos resultados sirvieron, como también está mandado por la CPE, como base para la redistribución. Así, se mezclaron con un mismo motivo dos temas que en sí mismos eran dignos de un mejor y más sereno tratamiento.
En lo que a la redistribución de escaños en función a los cambios de la composición demográfica de nuestro país se refiere, cabe recordar que se trata de un conflicto que de nuevo no tiene nada. Por el contrario, sus antecedentes se remontan a 2001, cuando el Tribunal Constitucional (TC) estableciera que la redistribución de escaños parlamentarios imperativamente debía realizarse en las elecciones de 2002, a pesar de lo que el Congreso de aquel entonces, a través de todos los partidos que lo integraban, optó por el cómodo expediente de eludirlo.
Exactamente lo mismo ocurrió cuatro años después, en 2005, cuando en vísperas de la realización de las elecciones de aquel año, el TC volvió a pronunciarse en el mismo sentido exhortando a los legisladores a que procedieran a una inmediata redistribución de escaños para dar así cumplimiento a lo mandado por el artículo 60 de la Constitución Política del Estado, por entonces vigente.
Fue tal el miedo al potencial conflictivo que tal redistribución traería consigo, que todas las bancadas parlamentarias optaron por el cómodo camino de eludir el problema. Tuvo que ser el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé quien, en un acto de aplomo y pasando por encima de las resistencias políticas y regionales, impusiera por decreto una redistribución que, aunque parcial, tuvo el mérito de zanjar provisionalmente un asunto que nunca dejó de estar entre las asignaturas pendientes de la democracia boliviana.
Con esos antecedentes, resulta evidente que el Órgano Legislativo actual no hizo nada más que lo que tenía que hacer, así como el Tribunal Supremo Electoral. En circunstancias tan difíciles como las que plantean las desmesuradas expectativas de cada una de las regiones, resultaba del todo imposible una fórmula que resultara satisfactoria para todos.