ALLANAMIENTO. Centenares de personas, desde el sábado, permanecen en carpas sobre terrenos de propiedad de la familia Urquizu Calancha, ubicada en la zona de K'atalla Baja.

PRESENTAN QUERELLA CONTRA SUPUESTOS ALLANADORES

Vecinos viven preocupados por nuevos allanamientos

Cerca de medio millar de personas instalaron carpas precarias sobre propiedad privada

César Vale

Hay un pacto de silencio entre los centenares de personas que invadieron terrenos privados en la zona de K’atalla Baja, zona norte de Sucre, para instalar sus carpas con la idea de hacerse de un espacio y construir su vivienda. Los vecinos de la familia Urquizu Calancha, que ya presentó una querella criminal por allanamiento de domicilio y ultraje de símbolos nacionales, temen correr la misma suerte y organizan su defensa.
Nadie quiso señalar quién les organizó ni por qué están ahí, todos se declararon dirigentes y rehuyeron las preguntas del policía de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), que ayer fue a investigar los motivos del asentamiento en un terreno privado.
“A nosotros nos dijeron que estaban vendiendo lotes baratos y que deberíamos venir a dormir aquí, pero no sabíamos que éramos avasalladores”, comentó en voz baja una joven que no quiso ser identificada, pero admitió que permaneció en el lugar desde el sábado.
Al igual que ella, cerca de medio millar de personas permanecen en precarias carpas instaladas en los terrenos de la familia Urquizu Calancha, sobre la avenida Atahuallpa, zona norte de la ciudad. Además, en el extremo del terreno, plantaron una bandera nacional como símbolo de reivindicación.
Los vecinos de esta zona lamentaron que ni la Policía ni el Ministerio Público tomen acciones para hacer prevalecer el derecho propietario de la familia Urquizu Calancha y temen que les pase lo mismo, por lo que decidieron organizarse para salir en defensa de sus propiedades.
“Esta familia vive ahí desde hace muchos años y se dedica a sembrar y no es posible que venga gente extraña a querer quitarles su terreno”, manifestó el dirigente Vicente Montalvo.


LA QUERELLA CRIMINAL
La familia Urquizu Calancha, compuesta por ocho hermanos y propietaria de 45.000 metros cuadrados presentó, ayer, ante el Ministerio Público, una querella criminal en contra de casi una treintena de personas, supuestos líderes, por los delitos de allanamiento de domicilio en su modalidad agravada, además de ultraje a los símbolos nacionales.
“La diferencia de este caso es que no era un simple avasallamiento de tierras, este es una allanamiento de domicilio, es decir que esta familia vive en el lugar, dedicándose al cultivo de la tierra. ¿Y qué es lo que pasa?, la gente no respeta el derecho a la propiedad privada, peor aún el derecho a la intimidad de las personas”, manifestó el abogado de la familia Urquizu, Freddy Paita.
El jurisconsulto criticó a la Policía Nacional y del Ministerio Público que desde un principio, dijo, no hicieron prevalecer el derecho a la propiedad privada.
“La FELCC debió haber actuado inmediatamente e ir al lugar, mínimamente mandar una patrulla; esa sola patrulla, a las 6:30, hubiera disipado a esas 30 ó 40 personas que estaban en el lugar, pero ¿cuál es la respuesta que ha recibido esta familia que es de origen campesino? ‘Nosotros no podemos hacer nada, sólo intervenimos cuando hay violencia, más bien váyase, cuidado que le hagan algo’”, señaló Paita.
“Esa no puede ser la respuesta de aquella institución que está obligada por la Constitución a velar por la paz y la tranquilidad pública. La gente de este país tiene que sentir que su domicilio está protegido constitucionalmente, y ante cualquier violación, la Policía y el Ministerio Público han de hacer respetar ese derecho a la intimidad”, complementó.
También criticó que la bandera nacional sea utilizada “para actos delictivos”, por lo que en la querella penal adjuntó el delito de ultraje a los símbolos nacionales.

Antecedente

En 2011, un grupo autodenominado "Sin tierra" se asentó en terrenos ubicados en el barrio San Luis, sobre la avenida Juana Azurduy de Padilla.