EDITORIAL

Prueba de fuego

El hecho de que la destitución de un funcionario de tercer nivel en este campo provoca una crisis política, da cabal cuenta de la magnitud del fenómeno

La semana que termina ha estado signada, en otros varios temas urticantes, por el arresto y destitución de Luis Cutipa, ex responsable de la Dirección de de Control e Industrialización de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin), acusado de incrementar irregularmente el costo de la renovación de licencias de producción de coca, desviar alrededor de 45.000 TM de coca incautada durante su gestión (que data de 2006), realizar presuntos cobros irregulares por alrededor de 3,6 millones de bolivianos y adulterar documentos.
El caso ha provocado peligrosas fricciones entre los diversos sectores de productores de coca, particularmente entre los del Chapare y los Yungas, que se sienten “propietarios” de los espacios estatales que ejecutan la política sobre coca y han advertido que harán un seguimiento al proceso judicial en contra de Cutipa, a quien, aparentemente en forma mayoritaria, respaldan, al punto que explican que el “desvío” de hoja de coca era para apoyar las múltiples movilizaciones sociales pro gubernamentales organizadas desde 2006.
Se trata, pues, de un duro golpe al MAS y el gobierno. Cutipa ha sido compañero de las principales autoridades del país y del MAS durante toda su vida sindical como dirigente de los productores de coca del Trópico cochabambino, que son su principal sustento social. Por ello, que las acusaciones de corrupción hayan surgido de áreas del propio gobierno y hayan llegado a este nivel generando, sin duda, fuertes remezones que se expresan en una confrontación de fuerzas que ratifica, a su vez, las profundas divergencias internas en las estructuras estatal y partidaria, y cuya resolución probablemente solo sea posible si el Primer Mandatario se convierte en el dirimidor final.
Sin embargo, se puede prever que cumplir un papel de esta naturaleza y cualquiera sea la decisión que se adopte, implica un elevado costo político, porque, a diferencia de lo que pudo pasar con Santos Ramírez –quien, en algún momento, incluso fue considerado un natural sucesor del Presidente del Estado–, los que ahora están enfrentados son parte del núcleo histórico del partido de gobierno y tienen un elevado poder de influencia en la gestión misma de la administración estatal.
Adicionalmente, el gobierno se ha comprometido a hacer público, hasta fines de mes, el estudio de consumo de la hoja de coca, que desde mucho tiempo posterga en forma unilateral y arbitraria. Aunque no se puede descartar que una vez más se trate de eludir su difusión, lo cierto es que el caso Cutipa se convierte en una presión más para impedir que esto suceda.
En forma permanente se ha dicho que el tema de la coca –sin necesariamente entrar al círculo de sus derivados ilegales– es un permanente problema del actual gobierno dado, por un lado, el poder de los productores de coca en la adopción de decisiones políticas del Estado y, por el otro, la decisión del Primer Mandatario de mantenerse como presidente de las seis federaciones del sector, al punto que la destitución de un funcionario de tercer nivel en este campo provoca una crisis política y somete al gobierno a una nueva prueba de fuego.