COLUMNA VERTEBRAL

17 de octubre de 2003

Carlos D. Mesa Gisbert.- La primera obligación de un Estado democrático es garantizar la vida de sus ciudadanos. Valor sagrado, derecho humano fundamental, objetivo superior que todo lo justifica.
El 17 de octubre de 2003 llegué a la presidencia del país apoyado en una frase: “No estoy dispuesto a matar”, consciente de que debía terminar un enfrentamiento que había quebrado el vínculo entre el poder constituido y la base de la sociedad.
El día de mi posesión, cuando nadie podía prever el desenlace de una crisis que había cobrado sesenta y siete vidas y provocado centenares de heridos, escogí abrir las puertas a un cambio que recompusiera la quebrada relación Estado-sociedad. Estaba claro que en esos tiempos aciagos terminaba una etapa de la democracia y comenzaba otra. Más que eso, se vivía un momento que estaba transformando la historia republicana de Bolivia.
Las premisas que guiaron mi acción presidencial en casi dos años de gobierno se pueden resumir en unos pocos pero muy claros desafíos: 1. Pacificar el país y recuperar la idea de la vida como valor sagrado, respetando a rajatabla los derechos humanos. 2. Reformar la Constitución para: incluir mecanismos de participación democrática. 3. Convocar a una Asamblea Constituyente. 4. Convocar a un Referendo que cambie la política nacional sobre hidrocarburos. 5. Iniciar el camino hacia las autonomías. 6. Superar la aguda crisis económica --expresada en el 8% de déficit fiscal que heredé-- que haga posible encarar de manera razonable las tareas políticas propuestas.
Este programa urgente se debía hacer y de hecho se llevó adelante, en medio de un grave problema de anomia social y el ejercicio de presiones desmesuradas no sólo de la base social, sino de fuerzas políticas, empresariales y sindicales cuyo objetivo era la desestabilización del gobierno sobre diversas hipótesis y evidentes intereses personales y de grupo, que de manera irresponsable volvieron a colocar a Bolivia al borde de una nueva confrontación violenta.
Contra viento y marea encaramos esos objetivos con un grupo de valientes compatriotas que me acompañaron. Respetamos rigurosamente los derechos humanos, respondiendo con proporción y responsabilidad las movilizaciones, presiones en las calles y provocaciones de toda índole. Reformamos la Constitución. Llevamos adelante con éxito el Referendo de hidrocarburos que recuperó la propiedad de nuestros hidrocarburos, refundó YPFB e incrementó los impuestos (la creación del IDH y la propia “nacionalización” de 2006, fueron producto directo e inequívoco del Referendo). Convocamos a la Asamblea Constituyente con un proyecto de Ley sistemáticamente bloqueado por el Parlamento, igual que el camino hacia la autonomía que, a pesar de todo iniciamos con un decreto que convocó a la elección directa de prefectos. Finalmente, retomamos la política marítima que volvió a la multilateralidad, expresada en nuestra vigorosa posición en la Cumbre de las Américas de Monterrey.
No tengo la menor duda de que nuestra decisión de recoger las llamadas agendas de octubre y junio, que no eran otra cosa que exigencias con sentido de la historia que hacía Bolivia desde las calles del occidente y oriente, las convirtieron en políticas de Estado vigentes hoy. Fue la combinación de un claro respeto a la vida con la vocación de hacer un cambio estructural, la que permitió que a partir de 2006 comenzara un nuevo tránsito histórico del país, apoyado en dos columnas fundamentales que nuestro gobierno no tenía: el incuestionable poder de una votación popular que le dio a Evo Morales el 54% de los votos, y el carácter simbólico de haberse convertido en el primer Presidente indígena en la historia del país.
Tanto nuestro Referendo como la convocatoria a elección de autoridades departamentales fueron producto de una convicción, la que te da el aprendizaje de la realidad política, la que te da una relectura de los desafíos de una democracia que no es estática y que no se puede leer sólo a partir de concepciones académicas o abstractas, las de un “deber ser” que se estrella no solo contra la historia sino contra la decisión de la mayoría.
En esa tarea cometí errores provocados en buena parte por mi falta de experiencia política, pero ciertamente mi renuncia del 6 de junio de 2005 no fue uno de ellos. Reivindico con vigor esa decisión como un acto de valentía, la del respeto a la vida, la de no estar dispuesto a anteponer el poder sobre la paz, más aún con la traumática experiencia de octubre de 2003 (que muchos pretenden olvidar cuando me juzgan).
El 17 de octubre de 2003 es un día imborrable de la historia del país. Marca un antes y un después, define el perfil que Bolivia comenzó a dibujar a partir de ese momento. Un día que pudo haber rematado en sangre ese proceso y que, en cambio, fue encarado en el marco de los valores democráticos vigentes, no como un cascarón instrumental sino como una convicción íntima.
Fue, por todo ello, el día más importante de mi vida pública.