LAS REGIONES DEL SUR DEL PAÍS TODAVÍA NO ESTÁN LISTAS PARA ENTRAR EN EL DEBATE. TODAS COINCIDEN, SIN EMBARGO, EN QUE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEBE INCREMENTARSE

Pacto fiscal: Se instala el debate, pero aún sin propuestasa técnicas

En la región, se habla de que el Gobierno debe controlar sólo el 50% del PGE

Daniel Villavicencio Villagra

Las regiones del sur del país aún no están listas para el debate del pacto fiscal. No todas cuentan con una propuesta técnica completa que pueda apuntalar la discusión nacional respecto a la distribución de los recursos públicos a partir de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012.
Después de la infructuosa batalla para evitar la reducción de escaños, Sucre, Potosí y Trinidad deciden enfocar su lucha hacia un pacto fiscal que les asegure que no seguirán “perdiendo”. El concepto de “equidad” en la distribución de recursos parece ser la única y más visible premisa por resolver, aspecto que, para la Fundación Jubileo, no debe ser el único eje de discusión, sino también incorporar aspectos como la generación de recursos, su destino y la gestión pública.
Una observación coincidente en el país es que el Presupuesto General del Estado establece (por ejemplo en la gestión 2012) una distribución del 88% de los ingresos para el Gobierno Central y sólo un 12% para más de 360 Entidades Territoriales Autónomas como ser municipios, universidades y gobernaciones. Las regiones plantean que el pacto fiscal oriente una nueva distribución de recursos para mejorar los niveles de inversión pública.
El Comité Cívico de Tarija, por ejemplo, es una de las instituciones que tiene esa observación. De acuerdo al criterio de su presidente Waldemar Peralta, el pacto fiscal no sólo tiene que tener en cuenta los criterios de asignación poblacional o pobreza, sino también debe reconocer y llevar a la práctica el nuevo modelo de Estado vigente en el país: el autonómico.
El artículo 350 de la Constitución Política del Estado establece que no habrá transferencia de competencias sin las fuentes de recursos, insiste Peralta y recuerda que en los últimos años no hubo variación en los porcentajes de distribución para las regiones a pesar de cambios importantes en materia hidrocarburífera como el incremento de volúmenes de exportación de gas a Brasil y Argentina o la variación del precio internacional del petróleo.
Pero, así como hay departamentos que tienen avanzada su propuesta y definido su interés regional, existen otros como Cochabamba que todavía no han iniciado el debate interno respecto a sus pretensiones en el campo del pacto fiscal. “Si vamos a esperar que desde arriba hagan todo (Ministerio), no habrá criterios de interés regional sino una visión centralista que manipula todo, entonces obviamente las regiones tienen que presentar sus propuestas. Vamos a comenzar el trabajo recién, no tenemos elemento avanzado”, reconoció el líder cívico de Cochabamba, Gunter Paz.
Tampoco los cívicos chuquisaqueños y potosinos tienen una propuesta técnica pública para abordar este importante debate. En ambos departamentos, la lucha por la defensa de un escaño perdido ha desembocado en negociaciones con el Gobierno para intentar arrancar una “compensación”, pero del pacto fiscal en sí aún no se ha anticipado nada.
El novel Comité de Defensa de Chuquisaca, que pretende asumir el rol de los cívicos tildados de oficialistas, sustenta la idea de asignar mayores recursos a los gobiernos subnacionales y restarle protagonismo al nivel central. La idea es compartida por sectores cívicos y políticos de Santa Cruz, desde donde se acuñó la idea.
En el Beni, otra de las regiones que teme pérdidas, los cívicos tienen agendado para este próximo martes, un encuentro departamental en el que evaluarán las movilizaciones en rechazo al escaño perdido en la Cámara de Diputados pero, además, pretenden aprobar sus lineamientos propositivos para el pacto fiscal.
En pasados días, la ministra de Autonomía Claudia Peña recordó que su cartera de Estado prevé entregar hasta enero la propuesta técnica del pacto fiscal, en consonancia con lo que dicta la Ley Marco de Autonomías. De acuerdo con esta ley: “en un plazo no mayor a seis meses, después de publicados los resultados oficiales del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda, la propuesta técnica sobre el pacto fiscal deberá ser presentada al Consejo Nacional de Autonomías (CNA)”.

Algunas propuestas sobre la mesa

• Está en discusión
Una de las propuestas que más eco ha tenido en sectores del oriente y también en Sucre es la que menciona la reconfiguración de los porcentajes de asignación de recursos por coparticipación tributaria. Así, de acuerdo a la propuesta del autor José Luis Parada se plantea que la transferencia de Impuestos Nacionales por coparticipación se incline hacia las entidades autónomas en el mismo porcentaje que para el Tesoro General del Estado (TGN).
Actualmente, el TGN recibe el 75%, los municipios 20%, las universidades 5% y las gobernaciones 0%. De acuerdo con la propuesta, y pensando en una mejor distribución ,se plantea que el TGN sólo reciba un 50%, los municipios un 24%, las universidades 6% y las gobernaciones el 20%.


• Propuesta de la FAM
Ya en la gestión 2008, antes del actual modelo autonómico, la Federación de Asociaciones de Municipalidades (FAM) había elaborado un planteamiento a partir de dos propuestas concretas: crear la Cuenta de Desarrollo Departamental del IDH constituida por el excedente entre el techo presupuestario proyectado por el Ministerio de Hacienda para el pago de la Renta Dignidad menos el aporte del 30% de prefecturas, municipios y TGN. La cuenta sería distribuida en un 10% para ocho prefecturas y un 14% para la de tarija. La seguna, la creación del Fondo Condicionado de Inversión Departamental sobre la base del 15% de los recursos asignados a los beneficiarios del IDH (prefecturas, municipios, universidades, Fondo indígena, TGN) y manteniendo el presupuesto necesario para el pago de la renta dignidad. El 15% correspondía al promedio procentual de los presupuestos no ejecutados.
El actual presidente de la FAM, Juan Carlos León, dijo que la institución maneja ahora tres factores para elaborar su propuesta: población, índice de pobreza y territorio.


• La propuesta de Tarija
El Comité Cívico de Tarija afianza su propuesta de pacto fiscal a partir de una nueva ley de hidrocarburos.
En esa ley de hidrocarburos, entre otros temas inherentes al rubro, se propone establecer criterios para la distribución de uno de los componentes más importantes de la renta petrolera que es el IDH, indicador que significa el 32% de los ingresos del 50% que recibe el país por renta petrolera.
La propuesta consiste en redistribuir el IDH en mayores porcentajes. Mantiene los porcentajes de los departamentos no productores, respeta los fondos establecidos y consolidados como el Fondo Indígena o el Fondo de Compensación, pero incorpora cambios sustanciales en los recursos administrados por el poder central. Tarija plantea que el IDH sea distribuido por criterios de población entre los nueve departamentos, gobernaciones municipios y, particularmente, universidades “para que la era del conocimiento y la investigación se construya con plata de la renta petrolera”,
Toma en cuenta la distribución del IDH como base central del pacto fiscal y como reconocimiento del nuevo modelo vigente autonómico.


• El Comité de Defensa
El Comité de Defensa de Chuquisaca, liderado por la Alcaldía de Sucre, según las declaraciones del alcalde Moisés Torres, plantea que, del total de los recursos del Estado, el 50% sea destinado a las gobernaciones, alcaldías y universidades. Actualmente, más del 80% del total lo administra el Gobierno, sostiene la organización, lo que es incompatible con el desarrollo de las autonomías.

¿Qué es?

El Pacto Fiscal es el espacio agendado por la Ley Marco de Autonomías, en el cual, a través de un proceso de concertación, se tratarán los aspectos relacionados a la generación, distribución y destino de los recursos públicos, que son los temas pendientes del proceso constituyente y fundamentales para el desarrollo del país.

Datos

Coparticipación Tributaria Ingresos Municipales