EDITORIAL

Los derechos humanos en la mira internacional

Por una elemental consecuencia con sus propios postulados, el Gobierno debe despejar las dudas sobre su actitud ante los derechos humanos

Durante los últimos días, Amnistía Internacional (AI), una de las más prestigiosas y reconocidas organizaciones defensoras de los derechos humanos en el mundo, ha presentado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, un informe sobre el desempeño del Estado boliviano en materia de respeto a los derechos básicos de las personas.
La última vez que AI presentó un informe sobre Bolivia fue en 1997. Es pues mucho el tiempo que ha transcurrido desde entonces y también muchos y muy complejos los cambios que se han producido en nuestro país desde entonces, por lo que se comprende que en el informe se destaque una visión muy amplia sobre la manera como ha evolucionado durante los últimos 16 años la relación entre el Estado y los derechos ciudadanos. Al hacerlo, AI reconoce como positivos muchos avances que en términos legales y prácticos se han producido en Bolivia como parte del proceso que conduce hacia una consolidación y perfeccionamiento del Estado de derecho.
A pesar de ello, y aún reconociendo lo significativo que resulta el hecho de que un personaje representativo de los sectores indígenas más marginados del pais hasta hace relativamente poco tiempo sea hoy el Presidente del Estado, Amnistía Internacional identifica precisamente a las relaciones entre el Estado y los indígenas cómo uno de los puntos más débiles de la evaluación.
El principal elemento de juicio en el que se basan las conclusiones de AI es la manera cómo el gobierno nacional afrontó –y continúa afrontando— el conflicto de visiones e intereses que lo distancia de las comunidades indígenas que habitan el Territorio Indígena y Parque Nacional isiboro Sécure (Tipnis). Desde el punto de vista de AI, ese conflicto y la manera violenta como el Gobierno pretendió resolverlo es una muestra de la "urgente necesidad de reglamentar el derecho de los pueblos nativos a la consulta previa acerca de proyectos que pueden afectarles".
No es la primera vez que la imagen gubernamental resulta deslucida en tan importantes escenarios internacionales por la misma causa. Recuérdese, por ejemplo, que otro informe, también presentado recientemente, el Índice de Desarrollo Democrático de la fundación Konrad Adenauer (KAS) llegó a muy similares conclusiones destacando por segundo año consecutivo el mal trato que el Gobierno da a los pueblos del Tipnis como uno de los factores que más dudas plantean sobre la sinceridad de la vocación democrática del gobierno, sobre todo cuando de respetar los derechos humanos se trata.
Coincidiendo también con informes similares, AI identifica como otro de los púntos débiles de la actual gestión gubernamental “la falta de administración de justicia y los pocos esfuerzos por esclarecer la verdad, buscando que los crímenes de las dictaduras pasadas no queden impunes". La "criminalización del aborto" y la "falta de una legislación específica sobre los derechos sexuales y reproductivos" en el país, son otras de las falencias identificadas.
Como se puede constatar, no es mucho lo que AI reclama. Es de esperar, por una elemental consecuencia con sus propios postulados, que las autoridades correspondientes hagan los esfuerzos necesarios para despejar las dudas sobre su actitud ante los derechos humanos.