EDITORIAL

Otra vez la coca

Lo menos aconsejable es seguir eludiendo el problema, en vez de afrontarlo mediante iniciativas que podrían ser bien acogidas a nivel internacional

El tema de la producción de hoja de coca está creando, una vez más, serios problemas a la actual gestión. En los últimos días han aparecido las denuncias de corrupción en el manejo de la coca incautada y en las licencias de su comercialización en contra de un funcionario que, además, es y ha sido importante dirigente sindical de los productores de coca y estrecho compañero de ruta del primer mandatario de la Nación. A ello se ha sumado la demanda, esta vez presentada en forma directa y clara por el representante de la Unión Europea, de que el gobierno dé a conocer, de una buena vez, el estudio realizado con el apoyo de esa entidad multilateral sobre consumo legal de coca.
Ambos factores se suman a las ya permanentes y crecientes fricciones entre productores de coca del trópico cochabambino y de los Yungas de La Paz (de acuerdo a estos últimos, los productores del Chapare gozarían de la protección gubernamental, razón por la que las labores de reducción de cultivos serían más intensas en los Yungas), así como al incremento de la producción y comercialización de cocaína y sus derivados, como se desprende del aumento de los volúmenes de drogas ilegales confiscadas
Estos elementos permiten suponer que el gobierno, en forma creciente, se ve obligado a abandonar la actitud de eludir el tratamiento integral del tema de la producción y comercialización de coca. Hasta ahora, las autoridades han actuado con un doble discurso: de una parte, permitiendo la ampliación de los cultivos de hoja de coca más allá de los límites legalmente establecidos, amparadas en la retórica de que los sindicatos de productores son los más eficientes controladores de la extensión de cultivos. De la otra, con acciones de erradicación en coordinación con los productores sindicalizados con resultados que siempre son mayores a los planificados pero no porque haya mayor reducción neta de cultivos ilegales sino porque, como éstos han crecido más de lo legamente permitido, han podido estructurar un discurso triunfalista que, empero, los datos de la dura realidad van opacando.
Abandonar esa actitud exige, entre otros ineludibles desafíos, definir con claridad la política interna que en este campo se va a adoptar, tarea que está muy ligada a la necesidad de definir también –con todas las obligaciones que esto significa—la política internacional que adoptaremos con este fin. Hasta ahora, y en el tema de la producción y comercialización de drogas ilegales, hay un implícito alineamiento –pese a la retórica– con las propuestas más conservadoras impulsadas por los sectores más duros de la sociedad estadounidense, para, como es plausible inferir, que se acepte la actitud laxa respecto a los cultivos de coca.
Pero, a estas alturas lo menos aconsejable es mantener la actitud del avestruz de esconder la cabeza. Más bien, podríamos estar en los umbrales de un proceso social de concertación sobre el tema si hay la decisión de liberarse de ataduras corporativas e ideológicas. Caso contrario, los factores desestabilizadores en este complejo tema serán mayores y más recurrentes.