EDITORIAL

Narcotráfico y violencia

Ante retos enormes, como lo es éste, lo que corresponde es un gran esfuerzo nacional, un pacto que pase por encima de cualquier otra consideración

Una serie de noticias difundidas durante los últimos días en los más diversos lugares de nuestro país ha vuelto a confirmar que ya está entre nosotros la temible confrontación de fuerzas entre un Estado débil y las cada vez más poderosas y agresivas organizaciones vinculadas a todas las fases del negocio del narcotráfico.
Asesinatos, secuestros, desaparición de personas, aparición de cadáveres descuartizados y con huellas de torturas, casos de los que regularmente da cuenta la prensa nacional, principalmente de Santa Cruz, son una manifestación del fenómeno. Linchamientos, ajustes de cuentas y las más diversas actividades delictivas protagonizadas por jóvenes en los principales centros poblados del trópico cochabambino, son otras de las formas como se expresa el mismo fenómeno.
Con los resultados que arrojan los esporádicos y vistosos pero muy poco efectivos operativos ejecutados por los organismos responsables de la lucha contra el narcotráfico, como la destrucción de laboratorios en los más diversos lugares del territorio nacional, se tiene un cuadro completo de la desproporción que ya ha alcanzado entre nosotros la relación entre la magnitud del negocio de la producción y comercialización de drogas y la debilidad y vulnerabilidad de las instancias estatales encargadas de hacerle frente.
Sin embargo, y pese a lo alarmantes que son, esas formas de violencia no son nada más que la manifestación más externa de un mal que poco a poco está socavando las bases de la convivencia civilizada y creando las condiciones para que el poder económico y las redes sociales que se tejen alrededor de las ganancias fáciles que generan las actividades ilícitas salgan de todo control.
Una muestra de lo dicho es lo que desde hace unos días viene ocurriendo en la localidad de Apolo, en los Yungas paceños, donde ya no son sólo los productores de coca, sino comunidades íntegras que durante los últimos años han ido fortaleciéndose alrededor de la lucrativa producción de coca y sus efectos multiplicadores, quienes no dudan en recurrir a la lucha armada para defender la fuente de su prosperidad.
Así, la violencia de la que son protagonistas pandillas juveniles en las calles de las principales urbes del país, y enfrentamientos como los de Apolo ahora, como Caranavi o Yapacaní hace no mucho tiempo, son sólo diferentes manifestaciones de un mismo fenómeno, que corresponden a eslabones también diferentes de una misma cadena productiva, la que va desde los cultivos de la materia prima, pasando por la elaboración, hasta la comercialización a pequeña, mediana y gran escala del producto terminado en los mercados internos y hacia los del exterior.
Un mínimo de sensatez, imprescindible ante retos enormes, como lo es éste, exige un gran esfuerzo nacional, un pacto capaz de pasar por encima de cualquier otra consideración. Por eso, no es serio ni responsable atribuirle toda la responsabilidad al gobierno de turno, sea éste o cualquier otro, como lo hacen las principales expresiones de la oposición, así como tampoco es aceptable que en su afán por banalizar el problema las autoridades gubernamentales no tengan mejor idea que atribuir el mal, como todos los males, al imperialismo o a la oposición.