PROTESTA. Familiares de las víctimas de ETA cuestionaron la sentencia.

POLÉMICA EN ESPAÑA POR DECISIÓN DE JUSTICIA EUROPEA

Tribunal abre las puertas a liberación de terroristas

La sentencia recibe duras críticas de los familiares de las víctimas

Madrid/EFE

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anula la llamada "doctrina Parot" y abre la puerta a la liberación decenas de terroristas condenados por múltiples asesinatos, provocó ayer una fuerte polémica en España.
El Gobierno destacó que acatará esa sentencia pero que no cambiará "ni un punto" su política penitenciaria ni antiterrorista, mientras las víctimas de la banda terrorista ETA no ahorraron en críticas a la decisión del Tribunal europeo.
Frente a estas posturas, el Ejecutivo regional vasco consideró "una oportunidad" para reflexionar sobre el futuro de los presos de ETA la sentencia del Tribunal europeo, que anuló la citada doctrina en una sentencia favorable a la presa etarra Inés del Río, para la que exige su puesta en libertad.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo español, conocida como "doctrina Parot" –toma su nombre del etarra Henri Parot– obliga a computar los beneficios penitenciarios sobre el total de las penas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años de prisión, lo que supone una prolongación de la estancia en la cárcel.
Inés del Río, etarra que está condenada a más de 3.000 años de prisión por 23 asesinatos, recurrió esta doctrina y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en un fallo definitivo, pide –con 16 votos contra 1– su excarcelación.
En la sentencia dice –por unanimidad– que España vulneró el artículo 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Derecho a la libertad y la seguridad) y, por 15 votos contra 2, el artículo 7 (no hay pena sin ley).
El fallo se refiere a un caso concreto, pero abre la puerta a la revisión de muchas condenas de presos que en los próximos meses podrán salir de la cárcel.
La mayoría de estos reos son miembros de ETA, pero también los hay que cumplen penas por delitos de violación o asesinato, que tuvieron una fuerte repercusión social en España.
En rueda de prensa conjunta de los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y de Interior, Jorge Fernández Díaz, el Ejecutivo español expresó su solidaridad con las víctimas del terrorismo y aunque acata la sentencia, dejó claro que este varapalo no hará cambiar "ni un punto" su política penitenciaria ni antiterrorista.
Ambos ministros recordaron que el Gobierno empleó todos los instrumentos a su alcance para mantener una doctrina que en 2006 sentó el Tribunal Supremo y avaló después el Constitucional y cuyo objetivo era impedir que se castigara igual al que comete un asesinato que al que perpetra 20.