Bolivia y la Corte Internacional de Justicia

Gualberto Rodríguez San Martín.- Una información divulgada por la prensa chilena –no confirmada ni desmentida oficialmente– da cuenta de una nueva postergación, hasta enero del 2014, del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo limítrofe marítimo presentado por el Perú contra Chile. Este trascendido se conoció el mismo día que los presidentes Sebastián Piñera y Ollanta Humala se reunían en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, a fines de septiembre pasado, para tratar, entre otros temas, los escenarios post La Haya.
De ser así, sería la segunda vez que la Corte anuncia el aplazamiento de su dictamen. En julio pasado, en medio de una gran expectación y preparación de las opiniones públicas en Chile y Perú, la Corte convocó a los agentes de ambos países para comunicarles que su decisión se conocería en septiembre, tras el regreso de vacaciones de sus magistrados.
En ese entonces, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que la falta de unanimidad entre los magistrados de la Corte de La Haya habría causado la postergación del fallo sobre la demanda de límites marítimos interpuesta por Perú. Ahora, la Corte habría argüido la dificultad de dar a conocer la sentencia del diferendo limítrofe marítimo en lo que resta del año 2013 dada la carga de trabajo que enfrenta.
Sin duda los argumentos de la Corte son válidos y plausibles. Sin embargo, llaman a la atención, pues en su trasfondo existen una serie de circunstancias necesarias de tenerlas muy en cuenta, entre ellas el procedimiento iniciado por Bolivia contra Chile ante este alto tribunal, cuya primera providencia establece los días del 17 de abril de 2014 y 17 de febrero de 2015 como plazos impostergables para la presentación de la memoria de Bolivia y la contramemoria de Chile, respectivamente.
De ahí que esta nueva demora en el fallo de la Corte –que creará un nuevo escenario político-diplomático a evaluar cuidadosamente– incida directamente en la preparación de este sensible documento para Bolivia, que deberá basar parte de su fundamentación en el dictamen que emita la Corte sobre límites marítimos, en una zona donde nuestro país proyecta legítimos fundamentos para su reintegración soberana al Pacífico, considerando el establecimiento de una zona de integración y paz en este espacio continental y contemplando intereses históricos, económicos y geopolíticos de todas y cada una de las partes.
Si bien reiteradamente los Gobiernos de Chile y Perú se han comprometido a respetar el fallo de La Haya y han mantenido reuniones para preparar el escenario bilateral tras conocer la sentencia, asuntos de índole interno harían parte, sensiblemente, de la serie de factores que influyen en retrasar el fallo que deberá pronunciar la Corte, situación sin duda perjudicial y contraproducente para Bolivia que debe observar plazos inaplazables para presentar una memoria con sólida sustentación histórico-jurídica.
Otras razones que explican el cuidado y la cautela de la Corte en emitir su fallo en el contencioso Chile –Perú tendrían en consideración las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias chilenas, a celebrarse en unas pocas semanas– del que también surgirá un nuevo contexto para las relaciones bilaterales boliviano-chilenas, así como la sensibilidad y dificultades originadas por el rechazo de Colombia a acatar el fallo dictado por el tribunal en noviembre pasado en la demanda interpuesta por Nicaragua, que ha fragilizado a este órgano judicial principal de las Naciones Unidas y el procedimiento de solución pacífica de controversias. Asimismo, conviene tener presente que de diez causas contenciosas que la Corte tiene actualmente pendientes, cinco de ellas se litigan entre Estados de América Latina.
A este escenario, se añade ahora la inoportuna renuncia del Director de Diremar, sobre la cual existen versiones contrapuestas. La restructuración que el Gobierno anuncia en esta repartición no parece situarse en el momento y las condiciones de reserva y serenidad que deben primar en la conducción de un asunto de estratégica trascendencia para Bolivia y, por el contrario, reflejan disfuncionalidades muy coyunturales.