MIRAFLORES. Una vista de las tareas de investigación desarrolladas ayer, en la zona de conflicto.

FISCALÍA INFORMA DE DETENCIÓN DE SÚBDITOS EXTRANJEROS Y PERÚ ACTIVA CERCO POLICIAL

Apolo: Gobierno toma control y reinicia erradicación de coca

Activistas de DDHH identifican elementos de responsabilidad en labor de la FTC

La Paz/Agencias

Con la presencia de un fuerte contingente militar, el Gobierno retomó ayer el control en la comunidad Miraflores en Apolo y reinició la labor de erradicación de plantaciones de hoja de coca ilegal. A su vez, el Ministerio Público oficializó la detención de dos súbditos extranjeros y el Gobierno informó del hallazgo de un campamento "armado".
Unos 20 vehículos oficiales ingresaron ayer en la madrugada hasta Apolo, donde se reiniciaron las labores de erradicación, según informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Una comitiva de tres fiscales también sentó presencia en la zona para investigar los hechos ocurridos el pasado sábado que se cobraron la vida de tres uniformados, un civil y dejaron un saldo de más de una veintena de heridos.
El ministro Romero detalló del hallazgo de un campamento donde se habría preparado el ataque contra las fuerzas de erradicación.
Mientras, en Sucre, el Fiscal General, Ramiro Guerrero, informó que la comisión de fiscales en coordinación con la Policía procedió a la aprehensión de tres personas, dos de ellas extranjeras que serán presentadas ante un juez para establecer su situación jurídica. “La investigación llegará a todos los que tengan que ver con las muertes y la brutal agresión que recibieron los ciudadanos bolivianos; más allá de que sean de una Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), son ciudadanos que tienen familia que han ido en cumplimiento de una labor, de un servicio a su país”, aseguró.
Además de fiscales y uniformados, también una comisión de legisladores ya trabaja en la zona.


EN LA FRONTERA
Por otra parte, la Cancillería de Perú informó que mediante un trabajo conjunto con el Gobierno central se instaló un cerco policial en la frontera entre ambos países, con motivo de capturar a los responsables de la violencia desatada el pasado sábado. "Las autoridades peruanas y bolivianas vienen trabajando conjunta y coordinadamente en la ejecución de operativos de seguridad, y han dispuesto establecer un cerco policial en ambos lados de la frontera, con el propósito de facilitar la captura de los responsables por los ataques perpetrados en la localidad de Apolo", señala un comunicado de la Cancillería peruana.


OTRAS VOCES
Ayer, activistas de derechos humanos y familiares de las víctimas identificaron elementos de responsabilidades en la planificación del operativo de la FTC en Apolo.
Liz Olivares, hermana del médico fallecido, reveló que su hermano advirtió a su esposa que lo habrían "obligado" a acompañar el operativo e incluso a ingresar con uniforme. "Ha ido a exponerse a todo riesgo, él es un civil, es un médico, no tenía por qué arriesgar su vida", dijo la hermana del único civil que falleció en estos hechos y que fue enterrado la tarde de ayer en Cochabamba.
El otro policía flagelado, Willy Yucra, también fue sepultado ayer con honores en medio de denuncias de la falta de equipamiento para los efectivos policiales.
El informe forense de estas dos personas, inicialmente reportadas como desaparecidas, dio cuenta ayer de que fueron torturadas y murieron de rodillas.
Por su parte, el ex defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, dijo que las muertes pudieron evitarse. "No se han tomado las previsiones para que este hecho de violencia no tenga los resultados tan fatales y dolorosos independientemente de quiénes sean los muertos que pueden ser militares, policías o campesinos", declaró.
A su turno, Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea Permanente de Derecho Humanos de Bolivia, advirtió que si las intervenciones de la FTC no se enmarcan en mecanismos de protección de los Derechos Humanos se generará de un círculo violencia.
Familiares de los nueve cocaleros detenidos en La Paz negaron que la zona se dedique al narcotráfico y negaron las agresiones que denuncia el Gobierno.

Miradas

Liz Olivares, hermana del médico muerto, dijo que su hermano reveló que les "obligaron" a acompañar el operativo vistiendo uniforme.
El ex defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, cree que las muertes pudieron evitarse si el Gobierno hubiese tomado previsiones.
Representantes de policías y familiares denunciaron que los efectivos ingresaron sin chalecos antibalas ni armas.
El dirigente cocalero Gregorio Cari aseguró que hay familias, en ciertas zonas de Apolo, ligadas al narcotráfico.
La bancada de PPB-CN pide que Evo Morales renuncie a la dirigencia cocalera para evitar "incompatibilidad".