EDITORIAL

Banderas arriadas

Los gobiernos aglutinados en ALBA y algunos afines a ellos, como el argentino, parecen decididos a no cejar en su afán de eliminar la libertad de prensa

La 69ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que ha concluido el pasado martes, ha dirigido su principal atención a los ataques que en las Américas sufren los medios independientes tanto por varios gobiernos, como de grupos de poder que actúan al margen de la ley y que no pueden ser debidamente controlados, mucho menos sancionados, por sus respectivos Estados.
De acuerdo a las denuncias, el primer semestre de 2013 puede ser calificado como uno de los peores en lo que se refiere a esos ataques. De acuerdo a la SIP, los 14 asesinatos de periodistas en América Latina (una de las cifras más altas de los últimos 20 años), la confiscación de archivos de llamadas de periodistas en Estados Unidos, el acaparamiento de medios de comunicación por parte de gobiernos “autócratas”, la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador o las interferencias al libre acceso a la información pública en varios países de la región, son hechos que afectan la libertad de prensa, de comunicación y de información.
Pero no son los únicos hechos. “Los embates de los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), en su empeño por debilitar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual es blanco de ataques permanentes” también forman parte de este escenario de creciente deterioro de la libertad de expresión y prensa en la región.
Estas denuncias, que no son nuevas, forman parte de una arremetida estructural de diversos sistemas políticos en contra del trabajo de los medios a los que desde el campo de la acción política se considera, con más razones ideológicas que objetivas, que forman un grupo adversario que, sin dar explicaciones a nadie, se pretende erigir como un árbitro de la vida política de las naciones. Por ello, desde hace ya algún tiempo, buscan formas de que estos medios tengan límites legales y constitucionales que impidan afectar al bien común.
Sin embargo, para los gobiernos aglutinados en ALBA y algunos afines a ellos, como el argentino, no bastan esas disposiciones, sino que hay sistemáticos intentos, como denuncia la SIP, para lograr controlar esos medios mediante diversos mecanismos que surgen, además, de someterlos a su servicio y de su proyecto prorroguista. Como esta política viola los derechos humanos consignados en los convenios internacionales, un paso también necesario es ver la forma de controlar el sistema internacional de derechos humanos y las entidades encargadas de velar por su respeto y defensa.
De esta manera, se repite –con lo que se confirma que el ser humano puede nomás tropezarse varias veces en la misma piedra– la paradoja de que quienes se sienten protagonistas de la renovación, la justicia y el progresismo arríen las banderas libertarias en aras de proyectos autoritarios, excluyentes y conculcadores de los derechos humanos básicos uno de los cuales es, precisamente, el de la libertad de prensa.