OJO AL CHARQUE

Por una ley más transparente

Constantino Rojas Burgos.- El Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, propuesto por el actual Gobierno, contiene observaciones del sector de los periodistas sobre el Artículo 42 de las excepciones al acceso a la información. Tal como está planteado, no permite que se transparente la información estatal, sabiendo que la ley “tiene el propósito de promover la transparencia del Estado Plurinacional en la gestión pública y que garantice a todas las personas el acceso a la información pública”.
¿Cuáles son esas excepciones? La seguridad o defensa del Estado, recursos naturales, salud, intimidad y privacidad de las personas, peligro a la vida, integridad y seguridad de las personas, secreto profesional, secreto o reserva de la fuente de información en materia de prensa, administración tributaria, riesgo en la estabilidad del país, su economía, sus recursos o el interés público, información estratégica a nivel de competitividad comercial o know how (saber hacer) de las empresas públicas o aquellas empresas donde el estado tenga la mayoría de patrimonio, impacto ambiental e información que se encuentra en proceso de conclusión.
Si se trata de información contra la seguridad del Estado, es lógico que esa información no se dé a conocer por estrategia y porque debe manejarse con seriedad y responsabilidad, pues, podría poner en riesgo al propio país, pero cuando se trata de los recursos naturales o de impacto ambiental que corresponde a determinadas regiones, no es posible que no se informe ni se transparente para que los mismos ciudadanos asuman el compromiso de controlar y de supervisar sus recursos.
La información pública constituye un derecho al que deben acceder todos los ciudadanos sin distinción de ninguna naturaleza, porque se trata de los recursos naturales que además sustentan los ingresos económicos del país y que deben redistribuirse en función de mejorar los servicios y las condiciones de vida de los bolivianos.
Por otro lado, se estaría vulnerando el derecho a la información y la comunicación incorporado en la Constitución Política del Estado, Art. 106, derecho que no es solo privilegio de los periodistas; las personas particulares que se sienten afectadas por intereses particulares en el uso de recursos del Estado, también pueden intervenir para controlar y hacer que los funcionarios públicos utilicen bien los recursos del Estado y que se concreten en obras y servicios que ayuden a mejorar las condiciones de vida de los bolivianos.
Resulta, así, que el Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública atentaría contra la libertad de expresión al incorporar excepciones en la ley para evitar que se transparente la información pública. Con razón, los gremios periodísticos han salido a las calles para expresar su protesta y exigir del Gobierno que se revise la restricción que se argumenta desde la seguridad o defensa del Estado.
El quitarle un velo a la información pública ayudaría a evitar la circulación de rumores y de susceptibilidades que crean inseguridad, incertidumbre y desconfianza en los servidores públicos, pero sobre todo, contribuiría a profundizar la democracia y tener mayor credibilidad en las instituciones públicas que manejan recursos del Estado.
Es de esperar que los parlamentarios que tienen en sus manos la aprobación de este proyecto, asuman conciencia de la importancia de contar con una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública sin restricciones, por el bien del país y por el bien de todos los bolivianos que esperamos trabajo honesto y responsable de los servidores públicos.