FALLO. El TCP debe determinar si es constitucional la suspensión de fiscales acusados.

LA IMPUGNAN DE INCONSTITUCIONAL

TCP analiza norma sobre la suspensión de fiscales

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), admitió una acción de inconstitucionalidad contra un artículo de la ley 260 del Ministerio Público que faculta al Fiscal General a suspender del cargo a los fiscales a simple acusación, algo tildado como inconstitucional y violatorio de los derechos a la presunción de inocencia y al juicio previo.
La normativa fue impugnada por un fiscal que prefirió no identificarse y solicitó al TCP declarar la inconstitucionalidad del artículo 30 inciso 35 de esa ley, según el abogado patrocinante Arturo Yáñez.
En criterio del jurista, esta disposición legal es inconstitucional porque vulnera el derecho a la presunción de inocencia y a un juicio previo, establecidos en la Constitución y la convención Interamericana de Derechos Humanos.
Yáñez dijo que además impugnaron la resolución del Fiscal General por la que suspende a un fiscal.
El Fiscal General había rechazado la acción de inconstitucionalidad alegando que su resolución ya estaba ejecutoriado lo cual no era cierto porque la defensa del fiscal suspendido impugnó la decisión, afirmó Yáñez.
El abogado señaló que el TCP revocó la resolución del Fiscal General que rechazaba la acción de inconstitucionalidad y admitió la misma poniendo a conocimiento del presidente de la Asamblea Legislativa Álvaro García Linera para que en el plazo de 15 días se pronuncie sobre la impugnación.
Este año, el TCP dejó fuera de la normativa legal la suspensión de jueces a sola imputación porque vulneraba la Constitución y las garantías del juicio previo, y estableció que nadie puede ser sancionado sino con una sentencia condenatoria.
“Se debate si el artículo 30 inciso 35 de la Ley Orgánica del Ministerio Público es constitucional o inconstitucional, y el TCP deberá pronunciarse si expulsa esta norma de la economía jurídica o la mantiene”, afirmó Yáñez.

Antecedente

Un fiscal de Materia planteó una Acción de Inconstitucionalidad Concreta impugnando el artículo 30, inciso 35, de la Ley Orgánica del Ministerio Público.