EDITORIAL

Derechos Humanos y justicia

Si algo queda claro, es la importancia de instancias internacionales que velen por el respeto a los derechos humanos en forma imparcial

Esta semana hubo dos noticias importantes sobre justicia y defensa de los derechos humanos, que han coincidido, además, con los hechos de violencia registrados en Apolo que han costado la vida a cuatro personas y la detención de más de 15 dirigentes campesinos.
La primera es la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para escuchar, de una parte, las denuncias de una novel Fundación Nueva Democracia (representada por Rubén Darío Cuéllar, ex prefecto de Santa Cruz y asambleísta constitucional, y Silvia Salame, ex magistrada y ex presidenta del Tribuna Constitucional) sobre que el Órgano Judicial carece de independencia por haber sido “secuestrado” por el Órgano Ejecutivo. Por el otro, los órganos Ejecutivo y Judicial del país, representados por el ministro de Gobierno y el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente, que rechazaron las acusaciones.
Se ha tratado, lamentablemente, de una sesión bochornosa pues en el seno de la CIDH ambas delegaciones han mostrado mayor capacidad de polémica que apego a las normas; es decir, han tratado de convertir a la Comisión en un escenario de confrontación ideológico-política interna, al punto que las autoridades de la CIDH han solicitado información por escrito de sus posiciones, incluyendo argumentos jurídicos que las respalden (ya anteriormente la CIDH tuvo que llamar la atención al gobierno por presentar, como parte de su defensa, un discurso político poco o nada relacionado con los temas en mesa, tentación en la que, por las informaciones recibidas, también han caído los actuales impugnadores).
Esta experiencia, por tanto, debe ser un severo llamado de atención sobre la necesidad de que cuando se decida recurrir a tribunales internacionales se comprenda que se asume el compromiso de considerar esta instancia como técnico-jurídica que deberá, finalmente, emitir un dictamen sobre la procedencia o no de las demandas. En la medida en que desde los Estados se respete esa calidad, los procesos avanzarán conforme a norma. En cambo, si se quiere aprovechar este espacio como palestra política, no se alcanzará ningún resultado.
La segunda noticia es el informe de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Bolivia, en el que destacan tres temas: el de los recurrentes linchamientos sin que se identifique, procese y sancione a sus instigadores; el dilatorio recurso jurídico para conseguir la autorización de juez para la aplicación del aborto en los casos que permite la ley, y la retardación de los procesos a los responsables de la Masacre de El Porvenir en Pando y la agresión a campesinos en Sucre.
Más allá de que sean atendibles estas demandas, por lo que se conoce se trata, una vez más, de un informe que responde, en líneas generales, al alineamiento de su oficina en Bolivia con el gobierno, al hacer afirmaciones sobre temas que aún están en proceso, lo que explica, además, por qué desde el poder hay sistemáticos ataque a la CIDH y permanente apoyo a la Comisión de Naciones Unidas, y cuán importante es para la ciudadanía la existencia de instancias internacionales que velen por el respeto a los derechos humanos en forma imparcial.